Ruz envía a prisión al expresidente de Defex y a otros tres directivos

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz decretó ayer el ingreso en prisión provisional y sin fianza para José Ignacio Encinas Charro, expresidente de la empresa Defex, perteneciente a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), y de tres directivos más de una Unión Temporal de Empresas -Juan Carlos Cueto Martin, Manuel Iglesias-Sarria y Ángel María Larumbe- acusados de haber desviado 41 millones de euros de una operación de venta de material policial a Angola. El magistrado, tras tomarles declaración durante todo el día, les imputa delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, contra la Hacienda Pública, cohecho, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y falsedad documental. Todos ellos fueron detenidos en la denominada 'Operación Angora' realizada por la Guardia Civil esta semana.

Los investigadores sospechan de la desviación de fondos de un contrato de 152 millones de euros para equipar a la Policía Nacional de Angola por parte de una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Defex y Comercial Cueto 92 para este propósito.

De hecho, el juez Ruz explica en el auto que desde cuentas corrientes de la UTE Cueto-Defex se transfirió a un banco de Luxemburgo 41,4 millones de euros sin que existiese una razón comercial o actividad mercantil aparente. Además, el escrito asegura que los acusados confeccionaron de forma aparentemente inveraz facturas y adendas a los contratos que permitiesen justificar tales desvios de fondos al extranjero.

El auto también recuerda que como beneficiarios últimos del dinero figuran los querellados y familiares de funcionarios públicos de la República de Angola.

El magistrado de la Audiencia considera que los directivos de Defex y Cueto detenidos acordaron con funcionarios angoleños utilizar el contrato de suministro de material a la Policía para realizar una apropiación patrimonial ocultada, desviada al extranjero mediante un complejo entramado societario desde paraísos fiscales.

Defex y Cueto conformaron en 2008 una Unión Temporal de Empresas para suministrar equipamiento de la Policía Nacional de Angola gracias a un contrato de 152 millones de euros. La investigación contra este entramado se inició en 2013, cuando las autoridades judiciales de Luxemburgo informaron de la llegadas de decenas de millones de euros desde cuentas bancarias españolas sin justificación aparente.

Según los investigadores, el contrato sirvió como pantalla para desviar una gran parte de su importe, en beneficio de personas que participaban en la UTE y de responsables de la adjudicación del contrato en Angola, con la colaboración de un despacho de abogados de Luxemburgo.