El entorno de los exediles del PSOE defienden la legalidad de su actuación urbanística

«No nos hemos llevado ni un duro, ni en este ni en ningún asunto que pudiera buscar el equipo de Gobierno en los cajones para hacernos daño». Con esa afirmación rotunda quieren dejar claro los ex concejales socialistas del Ayuntamiento de Arcos que no cometieron irregularidades durante su gestión. Los afectados por la denuncia y para los que la Fiscalía pide 18 meses de prisión y 9 años de inhabilitación son la entonces alcaldesa, Josefa Caro, y el que era delegado de Urbanismo, Joaquín Macías, además de los ediles Genoveva Medina, Benito Huertas, Francisca Morales, Fernando Mancheño y Rafael Barrios.

Ellos no quieren hacer declaraciones públicas por respeto a la instrucción y al proceso judicial abierto pero fuentes de su entorno aseguran que «están cansados de que los señalen cuando no han hecho nada». Dichas fuentes aseguran que la explicación a todo lo que se denuncia se llevará a cabo en Sede Judicial, en su momento, pero quieren dejar claro que ni el vial que entonces se construyó con la financiación de la Junta de Andalucía se encuentra en una zona protegida, ya que está en suelo urbano; ni el acuerdo que se tomó es una Licencia de Obras.

Los ediles comparte que el actual Gobierno, conformado por el PP y por AiPro, está emprendiendo con ellos una «caza de brujas», empleando dinero público del Ayuntamiento para «demostrar cosas que no tienen sentido y que se demostrarán ante la Justicia que no se han desarrollado como están contando», destacan dichas fuentes. Además, recuerdan que algunos de estos concejales han sido protagonistas de varias denuncias que no llegan a prosperar y entienden que la que pronto se debatirá en sede judicial «tampoco llegará a ningún sitio». De hecho, recuerdan que la acusación aseguraba desde un principio que se habían producido delitos de malversación, prevaricación y de ordenación del territorio y que, el juez instructor, ya los había descartado todos excepto el de prevaricación, aunque la fiscal pida la pena por el relacionado con el urbanismo.