Funcionarios del juzgado de Silva afirman que tenía «fijación» con Blesa

La imagen del juez Elpidio José Silva salió ayer malparada tras los últimos testimonios escuchados en el juicio que se celebra contra él en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por sus posibles excesos al frente de la instrucción del llamado 'caso Blesa'. Varios funcionarios de su juzgado -el de instrucción número 9 de la capital- coincidieron al afirmar que el controvertido magistrado tenía «fijación» por ese asunto, hasta el punto de casi dejar abandonados otros pleitos.

Solicitada su comparecencia por la Fiscalía para acreditar que el comportamiento anómalo de Silva no fue algo puntual, hasta media docena de empleados de la Administración de Justicia corroboraron esa versión. Así, describieron el funcionamiento del juzgado como «caótico», donde todo parecía circular en torno a la causa abierta contra el expresidente de Caja Madrid por su gestión en la entidad -en concreto, los créditos al expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y la compra del City National Bank of Florida- y cualquier queja de los funcionarios al respecto era reprendida de malas formas.

Varios funcionarios incluso denunciaron lo ocurrido ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), donde llegaron a presentar partes médicos para acreditar la «situación de estrés» que estaban soportando, aunque su queja fue finalmente archivada. Lo que sí hizo es abrirle sendos expedientes disciplinarios por su comportamiento profesional irregular -retraso en las causas, no fundamentar sus resoluciones y «desconsideración» hacia una fiscal-, aunque sólo fue sancionado por uno.

«Hay compañeros que lo han pasado realmente mal», declaró uno de ellos. Se refería, por ejemplo, a otra funcionaria que afirmó haber sido maltratada laboral y psicológicamente por el juez. «Me acuso de haber sido comprada por Blesa y amenazó con que iba a ser investigada», dijo la testigo.

Fue, según ella, cuando se negó a hacerse cargo del caso mientras estaban presentes los abogados de la acusación que ejercía el colectivo Manos Limpias, al que luego se unió la asociación Ausbanc. «Me dijo que esas letradas me explicarían lo que había hecho mal en el procedimiento», señaló. Finalmente, se dio de baja porque «no podía seguir trabajando así»; sin embargo, no llegó a denunciarle.

Y es que, según coincidieron los funcionarios, «estaba a la vista de todo el mundo» que mantenía un trato diferente con la acusación, casi de favor. «Tenían libre acceso a su despacho», concluyeron.