El Tribunal de Cuentas niega el 'enchufismo' en su plantilla

El presidente del Tribunal de Cuentas negó ayer en el Congreso las informaciones publicadas en las últimas semanas acerca de la existencia de posibles irregularidades en el funcionamiento del organismo encargado de fiscalizar a las administraciones públicas y a los partidos. Según las denuncias, los responsables de esta institución habrían favorecido durante años la contratación de una determinada empresa para la realización de obras menores en sus sedes y habrían incurrido en nepotismo a la hora de la contratación de sus empleados dado que de sus 700 trabajadores cerca de un centenar son familiares.

Ramón Álvarez de Miranda rechazó que la institución haya primado a la empresa a la que adjudicó durante años obras menores y que también fue contratada por altos cargos para reformas en inmuebles de su propiedad. El presidente del tribunal explicó que ninguno de estos encargos superó los 50.000 euros que estipula la ley para que sean sometidas al trámite de concurso público. Según dijo, «las obras eran independientes unas de otras y no formaban parte de un plan de reforma progresiva de las instalaciones, sino que respondían a necesidades puntuales de carácter urgente». Entre los trabajos que se realizaron enumeró la pintura de despachos, la reparación de aseos y humedades o la colocación de escayola.

En cuanto a las acusaciones de 'enchufismo', Álvarez de Miranda reconoció el parentesco que une a muchos de sus empleados aunque negó que exista nepotismo en la institución. Álvarez de Miranda justificó que en la mayoría de estos casos los funcionarios accedieron a sus plazas laborales antes de que lo hicieran sus supuestos benefactores o que se establecieron los vínculos después que ambos accedieran a su puesto. «Los lazos familiares existen, pero no es cierta la insinuación de que estas personas hayan entrado a trabajar en el Tribunal de Cuentas gracias a que lo posibilitaran altos cargos de su familia», señaló.

Falta de cualificación

Por último, el presidente del órgano fiscalizador se refirió a la plantilla de la sección de informática, cuya cualificación ha quedado en entredicho tras una información publicada por el diario El País en la que se apunta que allegados de directivos forman parte del departamento sin contar con titulación para ello. Álvarez de Miranda defendió que «no es correcto afirmar que el tribunal dispone de 60 informáticos que no poseen los conocimientos necesarios pues en esa cifra se incluye personal que realiza tareas auxiliares, como grabación y validación de datos o manejo de tratamiento de textos». Destacó asimismo que el personal que desarrolla funciones en ese departamento cumple con los requisitos que se exigen a puestos análogos de otras administraciones públicas.

A modo de conclusión, Álvarez de Miranda denunció que «se pretende proyectar una imagen de un Tribunal de Cuentas ineficiente, de escasa cualificación profesional y que gestiona irregularmente los recursos públicos asignados y, lo que es peor, con falta de independencia e imparcialidad». No obstante, y pese a negar la credibilidad a las informaciones sobre el funcionamiento del órgano, anunció la aprobación de una batería de medidas destinadas a favorecer la transparencia de la institución, como la publicación en la web de la adjudicación de contratos menores no previstos y de la relación de puestos de trabajo vigente. A ello se suma la congelación temporal de la incorporación de nuevo personal y, una vez termine esta, la preferencia por la designación laboral por concurso frente a la adjudicación por libre designación. Álvarez de Miranda avanzó además que va a estudiar que toda la actuación del organismo se someta a la auditoría de un tribunal de cuentas de otro país europeo.