Romero defiende la legalidad de las cuentas de Esisa
SAN FERNANDO. Actualizado: GuardarEl primer teniente de alcalde y presidente de la Empresa Isleña (Esisa), el andalucista Francisco J. Romero, defendió a la entidad de las acusaciones del grupo Ciudadanos por La Isla. Esta formación política se agarra a un informe del Interventor General del Ayuntamiento para señalar supuestas irregularidades contables en las cuentas de la empresa pública que habrían provocado diferencias entre las cuentas inicialmente formuladas del ejercicio, entregadas al Ayuntamiento el pasado 15 de mayo, y las aprobadas el pasado lunes durante Junta General de la Empresa de Suelo. Romero recordó que, como cada año, las cuentas que pasan por Junta General han sido, por decisión de Esisa, previa y voluntariamente sometidas a una auditoría externa, sin que exista obligación legal alguna de someterse a ésta, para asegurar la «transparencia en la gestión de la Empresa de Suelo». De esta manera Romero aseguró que no existe «irregularidad alguna en el proceso de formulación y aprobación de las cuentas anuales de la sociedad, puesto que se ha cumplido con la legislación vigente aplicable a la empresa y con los plazos establecidos para la formación de la Cuenta General del Ayuntamiento».
El responsable de Esisa explicó que la empresa municipal debe formular cuentas sociales antes del 31 de marzo. Y que a esa obligación se le dio estricto cumplimiento en la sesión del consejo de administración celebrada el pasado 27 de marzo. El presidente de Esisa continúa indicando que, aplicando la normativa mercantil, estas cuentas deben entregarse luego al auditor por plazo mínimo de un mes para que éste emita su informe y detalla que, aplicando dicho plazo el informe fue notificado por el auditor el pasado 23 de junio. Romero recuerda una vez más que esta auditoria, que cada ejercicio aprueba el Consejo, se realiza anualmente de forma voluntaria para garantizar la transparencia en la gestión de le empresa pública.
Durante el trabajo propio de la auditoría se propuso la modificación del estado final de las cuentas por la reclasificación de distintas partidas que fueron aceptadas por los servicios económicos de la empresa para mayor precisión en las cuentas. «Las cuentas inicialmente formuladas, del modo dispuesto en la Ley de Haciendas Locales fueron entregadas al Ayuntamiento en plazo, antes del 15 de mayo. Una vez en posesión del informe de auditoría se elevaron las cuentas al Consejo de Administración para la reformulación de las mismas de acuerdo con las indicaciones del auditor».