La Fiscalía pide imputar por corrupción a un sobrino de Felipe González

La Fiscalía Anticorrupción reclama al juez que investiga la supuesta malversación en la empresa pública andaluza de capital riesgo Invercaria que impute a Juan María González Mejías, sobrino del expresidente del Gobierno Felipe González, a raíz de que el informe policial sobre la entidad estime que figuró en la entidad como «un trabajador fantasma o intruso» y no desempeñó ninguna labor de forma efectiva en la empresa pública.

El informe se centra en las indemnizaciones recibidas por al menos una docena de personas que supuestamente habrían trabajado para Invercaria, y concluye que dos personas «coinciden con el mismo contrato» en el puesto de director de Promoción entre 2005 y 2007. Una de ellas es, precisamente, González Mejías y la otra Cristóbal Cantos, la persona que destapó la trama de irregularidades en esta empresa al denunciar que le obligaron a realizar informes falsos para justificar inversiones concedidas de forma arbitraria, por lo que, según los investigadores, «necesariamente» debe considerarse a González Mejías como un trabajador fantasma.

El atestado policial recoge además la declaración ante los agentes que realizó el sobrino del expresidente del Gobierno, que llegó a asegurar que su relación con Invercaria comenzó con su contratación como ejecutivo en marzo de 2010, mucho después de lo que atestigua la documentación que obra ya en el sumario, por lo que «omitió» su relación anterior» con esta empresa pública de la Junta de Andalucía.

Préstamos personales

Anticorrupción también justifica su petición en la concesión de «prestamos personales» tanto a González Mejías como a Cantos por cantidades superiores a las fijadas por convenio en Invercaria y que la empresa acabó condonando, «incluyendo en la última nómina, antes de la extinción de la relación laboral, cuantías o conceptos desproporcionados y coincidentes con las deudas pendientes». Dicha condonación se habría producido abonando horas extras y finiquitos sin ninguna justificación documental, de ahí que la Fiscalía pida también la imputación de Cantos.

La causa abierta contra Invercaria a raíz de las denuncias de Cantos investiga una treintena de inversiones de la sociedad pública de capital riesgo y suma ya una veintena de imputados. Además de analizar cómo se hicieron inversiones pese a contar con informes negativos, el juzgado de instrucción 16 investiga la forma en qué se llevó a cabo el proyecto fallido de la empresa Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (Fiva) que costó a las arcas públicas 1,7 millones de euros.