El fiscal pide la imputación de 44 alcaldes catalanes por sobresueldos

La Fiscalía Anticorrupción reclamará que se cite a declarar a los 44 alcaldes catalanes que, según un atestado policial, cobraron sobresueldos irregulares de la Federación de Municipios de Cataluña. La cuestión que tendrá que dilucidar la justicia es hasta qué punto el sistema que utilizaba la federación para pagar las dietas a sus responsables se ajustaba o no a la ley. En esencia, el órgano de representación de los ayuntamientos catalanes asignaba una cantidad a cada alcalde para viajes, comidas y reuniones. La recibían como un salario fijo, sin justificantes, ni facturas, ni tickets. En total, se habla de 300.000 euros entre 2011 y 2012.

La Policía autonómica tuvo conocimiento de la existencia de estos supuestos sobresueldos durante las diligencias del llamado 'caso Mercurio', que investiga una trama de presunta corrupción urbanística en el ayuntamiento de Sabadell, cuando el socialista Manuel Bustos era el alcalde. Bustos era además el presidente de la Federación de Municipios y en una conversación telefónica entre el ya exalcalde y el secretario de la entidad municipal éste advirtió a Bustos: «Te van a enganchar». El exdirigente socialista, imputado por cohecho, malversación y tráfico de influencias, se negaba a informar sobre sus dietas y su ayudante le avisó que «tienes cada mes una transferencia y se enterarán, el día que te enganchen, te van a hundir». Los Mossos d'Esquadra tiraron del hilo y se encontraron con que el 'caso Mercurio', en el que hay una cuarentena de imputados entre políticos y empresarios, no solo afectaba al Ayuntamiento de Sabadell, sino que por la vía de los sobresueldos salpicaba a 44 municipios de Cataluña, de todos los colores e ideologías, desde CiU, PSC, la mayoría de ellos, Esquerra e Iniciativa.

Ningún partido catalán con responsabilidades de gobierno sale indemne del asunto y la juez que instruye el 'caso Mercurio' ha abierto una pieza separada para investigar si ha habido irregularidades. La lista de los alcaldes implicados forma parte de un atestado policial, aunque una plataforma de Sabadell, en tanto que acusación particular en la causa, ha difundido la relación de cantidades percibidas por cada uno de ellos. Bustos, como presidente de la entidad, fue supuestamente el principal beneficiario con 24.000 euros, los vicepresidentes recibieron entre 5.000 y 12.000 euros en dos años, mientras que los alcaldes que actuaban de vocales de la federación se habrían embolsado de 800 a 5.000 euros.

Financiación pública

En un auto emitido ayer, la magistrada del caso, tras recibir el escrito del fiscal, reclamó a la federación que informe del régimen jurídico del pago de dietas con anterioridad a 2004, cuando asumió la presidencia Manuel Bustos. La juez sospecha que las irregularidades pudieron haberse iniciado ese año, con la llegada del socialista, y cree además que se trata de un delito de malversación de caudales públicos porque aunque la federación es una entidad privada tiene carácter público y se nutre al 98% de fondos procedentes de los ayuntamientos. Los investigadores del caso creen que estos pagos podrían ser sobresueldos, pues no eran dietas variables según las tareas realizadas, sino «cantidades dinerarias fijas mensuales encubiertas».

La difusión de la lista de alcaldes ha causado una nueva tormenta política en Cataluña ante la sospecha de que todos los partidos que tienen algún cargo institucional puedan estar implicados. Ya llueve sobre mojado tras el continuo goteo de casos de corrupción -Palau, ITV, Pretoria, Clotilde, Mercurio.-, por lo que buena de parte de los partidos, no todos, optaron ayer por tratar de distanciarse. Unos pidieron a sus alcaldes que devuelvan el dinero, como es el caso de los 23 regidores socialistas implicados, los nueve de Esquerra, los cinco de CiU y los cuatro de Iniciativa.

De momento, la investigación ya le ha costado el cargo al secretario de la Federación de Municipios. La entidad, reunida ayer de urgencia, destituyó a Adolfo Moreno, que era la mano ejecutora de los salarios, y abrió una «exhaustiva investigación interna» del mandato de Bustos. Algunos de los alcaldes afirmaron que los pagos estaban «justificados» y sostuvieron que los incluyeron en su declaración de la renta y no hay nada irregular.