Sarkozy divide a los franceses

Nicolas Sarkozy divide a los franceses. Un 47% se declara convencido y un 49% no por la autodefensa televisiva del expresidente conservador tras ser imputado por corrupción, según una encuesta de la cadena LCP. La entrevista fue vista por nueve millones de telespectadores, un 41% de la audiencia, todo un acontecimiento.

Otros sondeos previos a la emisión indican que seis de cada diez ciudadanos son contrarios al regreso de Sarkozy a la política activa, mientras que el 63% cree que se le ha tratado como a cualquier otro justiciable. Entre los simpatizantes de centro derecha estos porcentajes bajan al 26% y el 20%, respectivamente, reflejo de la enorme popularidad que atesora en su campo.

La denuncia por Sarkozy de una instrumentalización política de la justicia fue unánimemente recusada por la judicatura gala. La presidenta de la Audiencia de París, Chantal Arens, proclamó que «la independencia jurisdiccional de los jueces es una condición esencial de la democracia». En un breve comunicado, la responsable jerárquica de las dos instructoras de la causa criticadas por el expresidente recordó que los jueces instruyen de forma tanto incriminatoria como exculpatoria y que sus decisiones están sometidas al control de jurisdicciones superiores ante las que se puede recurrir.

«Ustedes son jueces políticos y no tengo nada que decirles», fueron las dos únicas frases que, según el diario 'Le Figaro', Sarkozy pronunció durante la hora y media que permaneció en el gabinete de las instructoras en la madrugada del miércoles. El semanario 'L'Express' revela que se negó a firmar el atestado final con sus declaraciones en comisaría para marcar su desacuerdo con el trato dispensado por las magistradas.

Sarkozy se negó a responder a las preguntas relacionadas con las escuchas a las que ha estado sometido por considerarlas una violación de su vida privada mientras que su abogado Thierry Herzog, también imputado, alegó el secreto profesional para no contestar. El fiscal del Supremo Gilbert Azibert, el tercer inculpado, negó haber pedido la intervención de Sarkozy para conseguirle un puesto en Mónaco.

'Le Figaro' destaca que la función ambicionada, consejero en la corte de revisión, no tiene nada de una sinecura. Se reúnen tres o cuatro veces al año en la embajada de Mónaco en París para los asuntos penales y dos veces en el principado para los casos civiles. La remuneración, de 300 euros por cada asunto tratado, oscila entre 2.000 y 4.000 euros anuales. La candidatura de Azibert fue descartada en diciembre de 2013 por no dar el perfil.

Según su abogado, el fiscal obtuvo copia en el Supremo de documentos no confidenciales del 'caso Bettencourt' pero no de los secretos. Obró por «curiosidad profesional» pero no para dárselos a Herzog, viejo amigo. El suministro de información reservada cambio de un puesto en Mónaco fundamenta los cargos de corrupción, tráfico de influencias y violación del secreto profesional imputados por las instructoras.