El Banco de España denuncia que la CAM infló las cuentas para ocultar su quiebra

Inflar los resultados para ocultar las pérdidas. Eso es lo que, según el Banco de España, hicieron algunos directivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) para ocultar su más que delicada situación financiera que llevó a su rescate forzoso en julio de 2011 con 5.200 millones de euros, una primera factura con cargo al erario público que con los años fue engordando hasta superar los 15.000 millones.

Un inspector del regulador financiero testificó ayer ante el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez, que, en concreto, dos exdirectivos de la caja participaron en distintas actuaciones irregulares tendentes a «maquillar» las cuentas. Y entre esas operaciones destacaron de forma especial las titulizaciones de créditos morosos por terceros, donde al parecer los ingresos se engordaron sobremanera.

Desde el Banco de España sostienen, según dicha declaración, que la CAM empleó esa estrategia para poder liberar provisiones que dedicaba a préstamos fallidos o con alto riesgo de caer en esa situación. Con ello, a su vez, pudo inflar las cuentas de la entidad y presentar una situación casi saneada. La clave en este caso radica en la formulación de los resultados de 2010, donde se ocultó un agujero multimillonario.

Esos números fueron alterados para mejorar su apariencia ante la integración de la caja en el Sistema Institucional de Protección (SIP) que firmó con Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura para la creación del llamado Banco Base. Una fusión fría que, sin embargo, fracasó en marzo de 2011 tras comprobar sus socios la situación casi ruinosa de la CAM.

De aquellos barros vinieron estos lodos en forma de sendas denuncias interpuestas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que aportó el grueso de esas ayudas públicas y fue su administrador, y de la Fundación de la CAM, heredera de su actividad cajista con la que no se quedó el Sabadell tras su compra hace dos años. A raíz de ello se inició una instrucción en la Audiencia Nacional que ha culminado en hasta tres causas conexas. En la principal están imputados quienes fueron sus responsables en esa polémica época: el expresidente Modesto Crespo, los ex directores generales María Dolores Amorós y Roberto López Abad, y también el exdirector de Recursos Vicente Soriano.

Un escrito revelador

También figura en esa lista el exdirector de Planificación de la caja levantina, Teófilo Sogorb. En uno de sus últimos escritos, su abogado sostenía que él no formuló las sospechosas cuentas de 2010 porque no estaba en el consejo, tarea que según el correspondió a otros dos ejecutivos, el entonces director general de Inversiones y Riesgos, Francisco Martínez García, y el ex director general de Liquidez y Financiaciones Propias, Juan Luis Sabater. Según la versión del primero, debían haber sido ellos quienes «controlaran la veracidad de los datos que se elaboraban en otras áreas» de la entidad.

Y precisamente por ello el juez Gómez Bermúdez les citó también ayer como imputados. Pero ambos, según fuentes jurídicas, declararon que se limitaron a firmar distintos informes y autorizaciones de operaciones, si bien siempre en el ejercicio de sus funciones y sin tener constancia en cualquier caso de irregularidades.