Sarkozy, del Elíseo a la comisaría

Se vuelve a oscurecer el futuro político de Nicolas Sarkozy. El expresidente francés presta declaración desde ayer ante la Policía anticorrupción por presunto tráfico de influencias. Es la primera vez que un antiguo jefe del Estado es sometido en Francia a interrogatorios policiales en comisaría. La novedad se produce cuando arreciaban los rumores de un pronto regreso del líder conservador a la palestra para organizar la reconquista del Elíseo en 2017. Sus partidarios denunciaron una conspiración urdida por el poder socialista para segar la hierba al dirigente más popular entre el electorado de centroderecha.

Sarkozy abandonó a las siete y media de la mañana el domicilio que comparte en París con su esposa Carla Bruni, a bordo de un coche con los cristales tintados en el que, pasadas las ocho, accedió directamente al aparcamiento subterráneo de la sede de la Policía Judicial en Nanterre, a las afueras de la capital francesa. El expresidente fue conducido a los locales de la oficina central de lucha contra la corrupción y las infracciones financieras, donde se le comunicó que debía permanecer a disposición policial durante un período de 24 horas prorrogable una vez.

En las dependencias de Nanterre se encontraban bajo las mismas condiciones desde la víspera su abogado, Thierry Herzog, y los fiscales de la Corte de Casación (Tribunal Supremo) Gilbert Azibert y Patrick Sassoust. Los interrogatorios a los cuatro comparecientes se enmarcan en un sumario instruido desde febrero por las juezas Patricia Simon y Claire Thépaut por tráfico de influencias y violación del secreto de la instrucción.

Tras pasar un examen médico previo, Sarkozy, abogado de formación, renunció a ser asistido por un defensor con el argumento de que Herzog, su letrado de confianza, es uno de los interrogados. A última hora de la jornada tanto Herzog como el fiscal Azibert, uno de los más importantes magistrados del país, fueron puestos a disposición judicial para ser inculpados.

El tráfico de influencias, el delito por el que Sarkozy ha sido citado a declarar, está penado con hasta diez años de prisión y multa de un millón de euros cuando se trata de personas que ejercen una función pública. Las sospechas de su comisión derivan de las escuchas telefónicas a las que el líder conservador estuvo sometido desde septiembre de 2013 hasta febrero último. Las conversaciones interceptadas dan a entender que Sarkozy había prometido ejercer sus buenos oficios para que Azibert accediera a un alto puesto en Mónaco a cambio de informaciones confidenciales sobre la suerte de una demanda que el expresidente había presentado en el Supremo.

Los partidarios de Sarkozy denunciaron una conspiración urdida desde el poder socialista para obstaculizar el programado regreso del líder conservador a la política activa. En los últimos días se había rumoreado que tiene previsto anunciar a finales de agosto su candidatura a las elecciones a la presidencia de la UMP que la formación de centroderecha celebrará el próximo 29 de noviembre. El control del partido constituye la primera fase de la estrategia para preparar la reconquista del Elíseo en las presidenciales de 2017 y evitar unas primarias internas con sus principales rivales domésticos, los ex primeros ministros Alain Juppé y François Fillon.

«Torrente de odio»

«Cada vez que Nicolas Sarkozy mueve un dedo se pone todo en marcha para poner trabas a su retorno», declaró el diputado conservador Sébastien Huygue. A su correligionario Philippe Juvin le pareció «curioso» que los jueces le convoquen «cada vez que se evoca su regreso». «El futuro dirá si la justicia es utilizada con fines partidistas», apostilló este eurodiputado. «Jamás se ha brindado a un antiguo presidente semejante tratamiento y torrente de odio», protestó el alcalde de Niza y diputado por la UMP, Christian Estrosi.

Fuentes del entorno de Sarkozy citadas por el diario 'Le Figaro' subrayaron que la juez Claire Thépaut, coinstructora de la causa por tráfico de influencias, es miembro del izquierdista Sindicato de la Magistratura. Según estos medios, el líder conservador está dispuesto a poner en duda la imparcialidad de los jueces ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos si es preciso. De hecho ya se ha personado como parte civil en la causa del 'muro de los idiotas', un mural con su foto entre otras muchas de bestias negras de ese sindicato que fue descubierto en su sede central.