El juez imputa a Lapuerta por consentir que Bárcenas se quedara dinero del PP

El guardián de las cuentas del PP desde principios de los noventa, Álvaro Lapuerta, de 86 años, tendrá este viernes otra oportunidad de aclarar ante el juez si su mano derecha en la tesorería del partido, Luis Bárcenas, se apropió de dinero de la supuesta 'caja B' proveniente de las donaciones de empresarios y que luego ocultó en bancos suizos.

Lapuerta, que en noviembre pasado ya ratificó ante el juez Pablo Ruz que desconocía la existencia de una contabilidad paralela en el PP, declarará como imputado en la pieza principal del 'caso Gürtel' por un delito de apropiación indebida. Esta acusación se suma a los otros delitos aún sin definir que recaen sobre él en la causa de los denominados 'papeles de Bárcenas'.

Aquejado de los achaques de salud que le han mantenido impedido, está por ver si la defensa de Lapuerta pide de nuevo la suspensión de su declaración el viernes, tal y como ocurriera hace unos meses. No obstante, en esta ocasión el juez Ruz le ha dado menos tiempo para responder.

Con esta diligencia, el titular del Juzgado Central de Instrucción número cinco sigue podando el árbol para desentrañar el origen y el destino de la fortuna de Bárcenas, que llegó a amasar 48,2 millones de euros bajo el telón del secreto bancario suizo. Por este motivo, Ruz considera que Lapuerta consintió presuntamente que su aprendiz se quedara con donativos de la caja oculta «prevaliéndose de sus cargos en la formación política y de la opacidad de la referida contabilidad paralela». De ahí que le impute un delito de apropiación indebida.

A este respecto, el juez detalló ayer que Bárcenas se podría haber quedado con, al menos, 150.050 euros del PP que llevó a Suiza y con 149.600 euros procedentes de la compra de unas acciones del medio de comunicación Libertad Digital, que, supuestamente, acabó usando para pagar un piso.

Donativo a Cospedal

El segundo plato fuerte de las batería de diligencias ordenadas ayer por el juez fue la declaración, en calidad de imputado, del extesorero del PP en Castilla-La Mancha Lamberto García Pineda para el 24 de julio.

El testimonio del acusado se enmarca en una de las líneas de investigación de la causa de la 'caja B', en concreto en el supuesto cohecho y tráfico de influencias por la presunta entrega de 200.000 euros de la empresa Sacyr para la campaña de la presidente regional María Dolores de Cospedal, en las elecciones de 2007. A cambio, el Ayuntamiento de Toledo habría concedido a Sufi, filial de Sacyr, el contrato de basuras de la ciudad, según un recibí aportado por Bárcenas.

Con la declaración del extesorero y exconcejal de Hacienda de Toledo, Ruz quiere aclarar por qué se modificó el contrato entre el consistorio manchego y Sufi cuatro días antes de ratificarlo, lo que incrementó de forma sustancial su presupuesto en 11 millones de euros. La sospecha es que ese aumento, revelado en un informe de la Intervención General de la Administración del Estado, pudiera estar relacionado con los delitos que indaga el juez y que no han prescrito.

De forma paralela, Ruz solicitó al Ayuntamiento toledano el acta de la sesión de la junta de gobierno en la que se certificó el acuerdo, en mayo de 2007, y requirió a la Policía Judicial que tomase declaración a los empleados de Sufi que tuvieron conocimiento del expediente.

El PP manchego consideró este martes apropiada la declaración del extesorero para «conocer al fin toda la verdad» y el alcalde de la ciudad, el socialista Emiliano García-Page, se mostró dispuesto a testificar para aportar nuevos datos, ya que el contrato fue firmado por su antecesor, el popular Juan José Molina.

«O sea que Bárcenas dice que le ha dado 200.000 euros a Cospedal, ésta reconoce que hay 200.000 euros que han venido de un sitio para otro y la culpa la tiene Page», se preguntó el regidor, que precisó: «Me dediqué a arreglar el marrón que me encontré».

También en la pieza de la 'caja B' el juez denegó las diligencias solicitadas por las acusaciones en relación con el PP de La Rioja y de Galicia, mientras que en la causa principal de 'Gürtel' acordó que Hacienda continúe investigando a la cuñada de Bárcenas para aclarar el pago de los honorarios a su abogado.