El Gobierno y la Junta discrepan sobre quién pagará el coste de la Lomce

A dos meses de inicio de curso, y tras la conferencia sectorial de Educación, el Gobierno central y la Junta de Andalucía discrepan acerca de quién va a pagar el coste de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) y cómo se va a encajar en las cuentas públicas andaluzas los 395 millones de euros que, según el consejero Luciano Alonso, Andalucía tendrá que pagar por lo que considera «error de cálculo» del ministro, José Ignacio Wert.

Este, por su parte, ha asegurado que la financiación para la implantación de la reforma educativa «no influirá negativamente» en la deuda ni el déficit de las comunidades autónomas, sino que será asumida con fondos europeos y la cofinanciación del Estado.

Sin embargo, la Junta espera el Giobierno determine cómo se sustancia el convenio con los fondos europeos y cuánto le tocará aportar a la comunidad. Es la primera vez que se recurre al Fondo Social Europeo y el Gobierno no ha precisado si se tratará de préstamos o subvenciones a fondo perdido.

La Consejería de Hacienda no tiene constancia de que el gasto de la Lomce vaya a influir en la deuda andaluza. En caso de ser así, indican fuentes del departamento, el ministro de Hacienda tendría que trasladar cómo se refleja en el modelo de financiación. Así, Andalucía esperará que el Gobierno de España explique las condiciones para analizar el impacto de la ley en los próximos presupuestos, aunque hay coincidencia en la idea de que éste cada vez pone más difícil pagar los servicios públicos fundamentales,

En este sentido se pronunicó ayer el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, que dijo que la Lomce es una «auténtica chapuza en cuanto a la organización y financiación» de la reforma educativa y hasta la calificó de «salvajada».

Tras el Consejo de Gobierno, Vázquez afirmó que la Lomce perjudicará a las familias con menos recursos y beneficiará a las más ricas y a los colegios privados; que favorece la escuela diferenciada, quiebra la igualdad de oportunidades, segrega a los alumnos desde edades tempranas y va en contra de la escuela pública, manifestó.

Además, el portavoz aseguró que el Gobierno exige a las comunidades «aportar por adelantado y endeudarse» y obliga a las comunidades a actuar «deprisa y corriendo» y sin tiempo real para poder poner en marcha la ley.

El ministro Wert, por su parte, aseguró en una intervención en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo que el coste será «asumido por la financiación proveniente de Europa y la cofinanciación» del Estado, según Efe, y que se ha conseguido por primera vez fondos estructurales europeos que suponen «más del doble» para el periodo 2014-2017 de la que figuraba en la memoria económica de la ley.

La inquietud crece en la comunidad educativa, mientras el tiempo corre y está por ver si el sobrecoste de 395 millones para los próximos tres años en que estima Alonso la implantación de la ley, supondrá recortes en el sistema educativo y cómo se plantean en los nuevos presupuestos de la comunidad.