ESPAÑA

La malformación solo será causa de aborto si peligra la madre

Ruiz-Gallardón recalca que en la nueva ley de interrupción del embarazo no habrá «nunca» un supuesto de discapacidad

MADRID. Actualizado: Guardar
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El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, aseguró ayer que la discapacidad del feto «jamás» será una razón para abortar al amparo de la nueva ley en España, donde sólo estará despenalizada la posibilidad de hacerlo en caso de que la gestación «provocase una incapacidad absoluta de la madre para seguir adelante con el embarazo».

«Si el hecho de que esas circunstancias provocasen una incapacidad absoluta de la madre para seguir adelante con el embarazo, la única justificación de la no penalización no sería la discapacidad, nunca, sino los efectos que esa situación pueden generar en la madre y la incapacidad para abordar esa situación», explicó, y recoge Europa Press.

El ministro incidió en que no se puede establecer «un sistema en el que por el hecho de tener algún tipo de carencia se tengan menos derechos que aquellos que no la tienen». «En el sistema que regularemos jamás será la discapacidad, serán los hipotéticos daños que se cause en la mujer los que podrán establecer un régimen de ausencia de reproche penal, pero nunca la discapacidad establecerá ciudadanos de primera y de segunda, ni después de nacer ni antes de nacer», aseguró.

Según destacó el ministro, aunque se «puede decir que esto es pura dialéctica, no lo es, es un principio», el de que «nadie puede tener menos derecho por tener menos capacidad».

Gallardón , que presentará «en breve» el proyecto para su remisión a las Cortes ante el Consejo de Ministros, recordó que el compromiso electoral del PP fue «establecer un mecanismo acorde con la doctrina del Tribunal Constitucional» y aseguró que lo será, aunque no quiso ofrecer los detalles. Sí reiteró que la norma «jamás» considerará el aborto como un derecho. «El aborto no es un derecho y jamás lo ha reconocido así el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sino que es exclusivamente una situación en la que el Estado, por razones excepcionales, renuncia al reproche penal», concluyó.