Competencia estima que la liberalización del ferrocarril se queda corta

Bienintencionada, pero se queda corta. Esta es la conclusión que saca la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) tras analizar el proyecto puesto en marcha por el Gobierno para liberalizar el transporte ferroviario de pasajeros, que se saldó a mediados de junio con el anuncio de la apertura del corredor de Levante a un operador privado que, salvo imprevistos, competirá con Renfe ya en 2015.

Desde la CNMC se valora «positivamente» que España «haya decidido adelantarse al calendario europeo», pues este no prevé la obligación de abrir ese mercado ferroviario en todos los países de la UE, al menos, hasta principios de 2019. El problema es que sus técnicos consideran que ese anticipo puede resultar fallido si no se mejoran varios aspectos.

Lo fundamental es que se eliminen «los privilegios que puedan favorecer» a la operadora pública frente a la privada, y ello incluye también a «los mercados conexos de material rodante y su mantenimiento». Para ello, propone que Renfe se desvincule de la filial de alquiler de trenes que creó al comienzo de 2014, y que incluso lo haga «preferiblemente con una privatización».

Sostienen desde la Comisión que esa sería la mejor forma de garantizar su «neutralidad». Aunque van más lejos aún, pues aconsejan que la propia Renfe salga de la órbita del Ministerio de Fomento y del administrador público de las infraestructuras ferroviarias, ADIF. Con ello, sostienen, se lograría «reforzar» la credibilidad de la liberalización. Y, por último, en la CNMC estiman que la apertura del mercado no debería limitarse al corredor de Levante sino incluir, «al menos», a todos los trayectos ferroviarios de mayor demanda, incluyendo las rutas Madrid-Barcelona y Madrid-Sevilla. Pese a ello, el secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá, defendió ayer que es mejor una liberalización «gradual y progresiva» para «aprender de la experiencia».