Cristina mantiene en el cargo al vicepresidente procesado

El Gobierno de Cristina Fernández recibió ayer con sorpresa y preocupación el procesamiento del vicepresidente argentino Amado Boudou por «cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública». De todos modos, la presidenta, que días antes descartaba el encausamiento de su mano derecha, no tiene previsto pedirle que renuncie. No así la oposición, que ya amenaza con un juicio político y pide su dimisión.

El procesamiento de Boudou se conoció en la noche del viernes, mientras el vicepresidente estaba de visita oficial en Cuba y Cristina descansaba en su refugio de El Calafate, en la sureña provincia de Santa Cruz. La idea es que Amado continúe con la gira que lo llevaría hoy a Panamá para la investidura del presidente Juan Carlos Varela, mientras que su regreso está previsto para el jueves.

Entretanto, sus abogados, que consideraron la investigación «una farsa» en la que se tergiversan pruebas, preparan la apelación ante la Cámara Federal. El Gobierno espera que en la revisión del caso se descarte el procesamiento por cohecho pasivo (recibir soborno) y se mantenga sólo el cargo por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. El juez federal Ariel Lijo pidió el procesamiento de Boudou y de otras cinco personas, entre ellas su socio y amigo, un presunto testaferro, un exfuncionario de la oficina de impuestos y dos empresarios de la imprenta Ciccone Calcográfica, encargada en ese momento de confeccionar los billetes para el Estado.

El magistrado acusa a Boudou de recurrir a su socio y a un tercero para adueñarse de 70% de la imprenta que estaba en bancarrota. También le imputa gestiones ante funcionarios para que se levante la quiebra. Se basa en cruces de llamadas y operaciones comerciales. El vicepresidente niega todo y señala a banqueros como responsables del desfalco de Ciccone.

Otro aspecto de la causa que alienta al Ejecutivo son los supuestos errores procesales que podrían dejar sin efecto parte de la investigación. El juez basa parte de sus fundamentos en declaraciones de los empresarios de Ciccone, que habían sido convocados en diciembre como testigos para declarar bajo juramento. Ahora el magistrado decidió procesarlos y usar esos testimonios en su contra.