Seis vocales del Poder Judicial piden medidas contra el fiscal del'caso Nóos'

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial estudiará hoy un escrito de seis vocales del sector progresista -Roser Bach, Victoria Cinto, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda- en el que muestran su preocupación por las imputaciones que el fiscal Pedro Horrach realiza al juez de Palma José Castro en el recurso contra la incoación de procedimiento abreviado en el 'caso Nóos'.

Los vocales piden que la Permanente manifieste la necesidad de que las partes, en cualquier proceso, mantengan el respeto y la lealtad institucional debidos y se cuiden de no desacreditar la labor jurisdiccional de jueces y magistrados.

Los vocales firmantes del escrito consideran que las valoraciones «de índole personal» del fiscal son susceptibles de «desmerecer la confianza de la sociedad en sus juzgados y tribunales, generar en la ciudadanía una grave sospecha de falta de imparcialidad en la labor que realizan a diario jueces y magistrados y minar la confianza pública que debe inspirar en todo momento la actuación del Poder Judicial».

Prevaricación

El juez Castro, a pesar de la dureza del recurso de Horrach contra su auto, no solicitó el amparo del Consejo General del Poder Judicial, a pesar de que alguna organización profesional de jueces le recomendó que lo hiciera. El magistrado se limitó a pedir al representante del Ministerio Público que si considera que ha prevaricado en la instrucción del 'caso Nóos' debería haberlo puesto ya en conocimiento de los tribunales.

Horrach señaló en su recurso que el juez actuó mediatizado por las informaciones de los medios de comunicación y no por unos criterios rigurosos. El fiscal sostuvo que Castro construyó un «andamiaje probatorio con una falsa apariencia de solidez», pero que en realidad bastaría «una leve brisa» para desmontarlo.

Los duros términos de Horrach fueron respaldados por su superior el fiscal superior de Baleares, Bartomeu Barceló, pero también por el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce. Castro, por su parte, contó con el apoyo de todas las organizaciones de jueces, al que se sumó ayer el escrito de los vocales del Consejo. Un conflicto que amenaza con rebasar los límites de la disputa personal entre Castro y Horrach para convertirse en una inédita controversia institucional entre la judicatura y la Fiscalía de imprevisibles consecuencias.