Hacienda pospone la reforma de los impuestos de matriculación y circulación

La reforma fiscal presentada hace diez días por el Gobierno ha atacado el núcleo duro de la tributación, compuesto por el IRPF, el Impuesto de Sociedades, o el IVA (aunque sólo sea para aumentar el tipo de los productos sanitarios), y ha dejado asuntos pendientes. Por ejemplo, la revisión de los tributos gestionados por las comunidades autónomas o los entes locales. Es el caso de los dos principales impuestos que afectan al sector del automóvil: el Especial sobre Determinados Medios de Transporte (Impuesto de Matriculación) y el de Vehículos de Tracción Mecánica (Impuesto de Circulación).

El temor a invadir competencias autonómicas o municipales ha retrasado la revisión de estos tributos, una histórica reclamación de las principales asociaciones del sector del automóvil, y que Hacienda está dispuesta a satisfacer, al menos en parte. A lo largo del último año, el Gobierno ha lanzado la idea de que tanto el Impuesto de Matriculación como el de Circulación han de adecuarse a criterios medioambientales. Es decir, que quien más contamina tendrá que pagar más a través de estos tributos.

En realidad, así es en el caso del Impuesto de Matriculación, que grava con diferentes porcentajes el precio del coche comprado en función de sus emisiones a la atmósfera de partículas de CO2: un 4,75% para los que lancen entre 120 y 160 gramos por kilómetro; un 9,75% en el caso de los vehículos que emitan entre 160 y 200 gramos; y el 14,75% para los que superen ese límite. Los que estén por debajo de los 120 gramos no tienen que pagar el impuesto.

Como quiera que los coches fabricados son cada vez más eficientes y menos contaminantes, el porcentaje de vehículos libres del Impuesto de Matriculación no ha hecho sino crecer en los últimos años. En la actualidad, alcanza casi el 80%, según estimaciones de la patronal de concesionarios, Faconauto. Entre 2007 y 2013 la recaudación por este concepto ha pasado de los 1.761 millones de euros hasta los 240, si bien parte de la explicación está en el hecho de que el número de matriculaciones también ha caído con fuerza en ese periodo.

Las principales asociaciones del sector vienen planteando desde hace años la supresión progresiva de este impuesto. En un primer año se eliminaría para los vehículos que emiten entre 120 y 160 gramos de CO2. Posteriormente se eximiría del pago al siguiente tramo (160-200 gramos), pero se mantendría en todo caso para los más contaminantes (por encima de los 200 gramos). Según Anfac (fabricantes), Faconauto (concesionarios), Ganvam (vendedores y talleres) y Aniacam (importadores) la supresión del impusto en el tramo de emisiones entre 120 y 160 gramos «permitiría incentivar una demanda de mayor valor (25.000 euros de precio medio frente a los 18.000 del segmento de menos de 120) y de gran volumen (un 85%), por lo que la pérdida de recaudación por la eliminación del impuesto podrá ser recuperada a través del IVA».

«Lealtad institucional»

No parece fácil que Hacienda vaya a satisfacer las reclamaciones del sector en este sentido. «No se puede infringir el principio de lealtad institucional, de modo que si se suprime el Impuesto de Matriculación, habría que compensar de alguna manera a las comunidades autónomas, que son la que lo gestionan. Son temas que hay que hablar tranquilamente», sostienen fuentes ministeriales.

Más factible se presenta un cambio en la filosofía del Impuesto de Circulación. Un tributo que los ayuntamientos cobran todos los años a los propietarios de vehículos de tracción mecánica. Los baremos se establecen en función de la potencia fiscal de los vehículos (caballos fiscales. Así, pueden pagar lo mismo un coche de 20 años de antigüedad y otro nuevo, siempre que tengan los mismos caballos fiscales, pese a que el último con casi toda seguridad contaminará menos. La cuantía del impuesto la fija cada municipio (hay diferencias abismales entre distintas localidades).

El sector del automóvil cree «conveniente» que el cambio en este impuesto se centre «en la modificación por motivos medioambientales, sin que suponga un aumento de la presión impositiva total sobre el sector». El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, ya manifestó el pasado mes de octubre (en el marco del foro Anfac-PwC) la intención del Gobierno de dar un tratamiento fiscal diferente a los automóviles en función de su nivel de contaminación, como ya sucede en buena parte de los países del entorno. Una reforma para la que aún habrá que esperar un poco más.