La guerra de Horrach y Castro amenaza con provocar un conflicto institucional

La guerra personal y ya sin cuartel entre José Castro y Pedro Horrach a cuenta de la infanta ha dejado de ser una anécdota más del 'caso Nóos' para convertirse en una bomba de relojería que amenaza con provocar un serio conflicto entre la judicatura y la Fiscalía. Las dos instituciones comienzan a parapetarse en sus trincheras.

El escrito del jueves de Anticorrupción con veladas insinuaciones de que el juez del 'caso Nóos' roza la prevaricación en su persecución «a la carta» de la hermana del Rey Felipe VI provocó la reacción airada del propio Castro, pero también de las principales asociaciones judiciales que salieron en defensa del instructor mientras que la Fiscalía General del Estado y otros estamentos del Ministerio Público se alinearon sin fisuras con Horrach.

Castro, que desde que estallara el 'caso Nóos' en noviembre de 2011 ha guardado silencio ante los medios, ayer no se contuvo. Las decenas de descalificaciones del escrito de Horrach y las acusaciones de su otrora amigo de falta de «imparcialidad, objetividad y congruencia» y, sobre todo, de haberse dejado «contaminar» por los medios y su supuesto afán de notoriedad fueron demasiado para el veterano instructor.

El juez invitó ayer a quien fuera durante años su mano derecha en el azote de los corruptos de las islas a que se dejara de acusaciones en sus escritos y que se querellara contra él por prevaricación si considera que su instrucción es una «maquinación ficticia» contra la duquesa, como apuntó en su recurso. «En la medida en que ese escrito, y otros muchos que le han precedido, contiene claras imputaciones de que yo he cometido un delito de prevaricación, creo que si el Ministerio Fiscal cree lo que escribe, y habría que suponer que sí, lo que tiene que hacer es presentar, tenía que haberlo hecho ya, una querella contra mí por prevaricación», insistió el magistrado ante los medios al pie de la conocida como 'rampa de los imputados'.

Castro, que hasta ahora se limitaba a dar los buenos días a los medios y sonreir, se explayó ayer como nunca antes lo había hecho. «La imparcialidad la puede perder el juez y la puede perder el fiscal, eso es un riesgo inherente al ser humano, pero no creo que el juez sea más vulnerable que un fiscal al perder la imparcialidad», abundó antes de bromear sobre el «papel de acusador» que parece no ejercer el fiscal.

Lo que no desveló Castro es si va a dar el paso que podría ser la chispa que desate el incendio y la guerra institucional, pedir el amparo del Consejo General del Poder Judicial. El órgano de gobierno de los jueces, que no ha recibido por el momento petición alguna por parte del instructor, tendría entonces que decidir si sale en defensa del magistrado frente a los ataques de otra institución, la Fiscalía. Una situación inédita en la historia judicial española, según confirmaron fuentes del Consejo.

El Poder Judicial resolvió por unanimidad en septiembre de 2013 «censurar las injerencias» al magistrado del 'caso Nóos' después de que la Policía informara que estaba siendo objeto de seguimientos por parte de desconocidos.

De hecho, casi todos los colectivos de la judicatura, además de defenderle, instaron a Castro a pedir el amparo inmediato del Consejo, incluso a costa de la crisis institucional que conllevaría. La asociación de Jueces para la Democracia aseguró que los «ataques personales» del fiscal Horrach son una falta disciplinaria grave. El Foro Judicial Independiente denunció que «expresiones como las utilizadas por el Ministerio Público exceden claramente del ámbito de la legítima crítica y defensa de las propias posiciones procesales para entrar de lleno en la desconsideración y descalificación personal». La asociación Francisco de Vitoria consideró el escrito del fiscal «totalmente despreciativo» y ajeno a lo que debía ser un recurso de apelación. La Asociación Profesional de la Magistratura instó a Castro a presentar una queja para que se incoe un expediente a Horrach.

Ataque suave

En el otro bando, las filas también se mantuvieron prietas, como no podía ser menos en un órgano jerárquico que hizo suyo el polémico recurso. El fiscal general del Estado se embarcó en una encendida defensa de su subordinado y con ataques moderados a Castro. Eduardo Torres-Dulce evitó entrar en la polémica por las descalificaciones personales que Horrach incluyó en su escrito y se atuvo al contenido del recurso.

Explicó que la posición que ha mantenido el fiscal en todo este proceso ha sido «coherente» y que el que cambió de opinión fue Castro cuando, tras meses de sostener que no había nada para acusar a la hermana del Rey, hace quince meses decidió acusarla. «Lo respetamos (al juez) pero nuestra postura es mantener que no existe ningún dato fáctico o elemento probatorio que permita sostener que doña Cristina pueda ser imputada en términos de colaboradora o de blanqueo de capitales», explicó.

Las asociaciones de fiscales tampoco dudaron en alinearse con Horrach y consideraron «fuera de tono» la invitación de Castro a su examigo para que se querelle por prevaricación.