En libertad el extesorero de UGT de Andalucía y los detenidos por las facturas

El extesorero de UGT Andalucía y el resto de trabajadores de la central sindical y empresarios detenidos el lunes en el marco de una operación contra la supuesta trama de facturas falsas con cargo a subvenciones de la Junta de Andalucía quedaron ayer en libertad con cargos tras haber declarado ante el juez que instruye el caso, Juan Jesús García Vélez, que les imputa los supuestos delitos de fraude en subvenciones y falsedad documental.

Fuentes judiciales confirmaron que en sus declaraciones aseguraron que se ajustaron en todo momento a la normativa, y que no inflaron o falsearon facturas, como sostiene la Guardia Civil, que mantiene que este sistema de desvío de fondos públicos fue la principal vía de financiación de UGT Andalucía durante 12 años. Los empresarios implicados, arrestados en Sevilla, Madrid, Jaén y Alicante, solo reconocieron haber cambiado conceptos de facturación por indicación del sindicato.

Entre los últimos en prestar declaración estaba el extesorero de UGT Andalucía durante una década, Federico Fresneda, quien a preguntas del juez explicó que las facturas llegaban a su departamento ya confeccionadas y detallando el cargo y el programa al que correspondían. Asimismo, indicó que no era la persona encargada de solicitar las subvenciones, y que la comisión ejecutiva del sindicato estaba siempre al tanto de la gestión de las subvenciones.

En este sentido, la exsecretaria de Gestión Económica de la organización en la época de Fresneda, María Charpín, también se desvinculó de cualquier trama al asegurar que como responsable del equipo que gestionaba las subvenciones siempre actuó conforme a la normativa andaluza y cumpliendo la ley. También negó conocer los dos procedimientos usados por el sindicato, según la Guardia Civil, para desviar fondos. Se trata del 'rappel', los descuentos que los proveedores realizan a un cliente cuando se realizan compras importantes y que no se reflejaba en la facturación, y el 'bote' que se generaba con ese descuento y que se habría usado para otros fines.

La responsable de compras del sindicato, Dolores Sánchez, reconoció a su vez que en ocasiones podía existir una factura conjunta en la que se incluían materiales o servicios suministrados por los proveedores en distintas tandas, aunando así varios albaranes, lo que a su juicio explicaría las discrepancias de facturación.

La tónica general de las declaraciones de los detenidos fue que alegaron que siguieron instrucciones del sindicato, que creyeron actuar legalmente y que esperan demostrar documentalmente sus afirmaciones.