La Fiscalía no tarda ni 24 horas en salir al rescate de la infanta Cristina

La tinta del auto que acusa a la infanta Cristina de dos delitos fiscales y blanqueo aún estaba fresca cuando el juez José Castro ya tenía en su mesa el duro recurso de apelación de la Fiscalía, que reclama a la Audiencia de Palma de Mallorca que saque de la causa a la hermana del Rey y que, mientras resuelve, paralice el proceso antes de que se registren los escritos de acusación.

Pedro Horrach disparó en menos de 24 horas toda la artillería, convencido personal y jurídicamente de que no hay nada para sentar en el banquillo a Cristina de Borbón. Las más de 150 páginas de Castro no le hicieron cambiar lo más mínimo su opinión, a pesar de que el fiscal es consciente de su más que impopular posición. Una argumentación que, insiste, es personal, basada en Derecho y sin órdenes externas.

El arma de Horrach fue un escrito exhaustivo y argumentado al milímetro, trabajado durante meses. Un texto en el que la Fiscalía se olvidó de todo lo que no fuera la infanta y en el que recurrió solo su procesamiento. Ni una palabra de las otras 15 personas que Castro pretende llevar ante al tribunal, salvo para Ana María Tejeiro, la mujer del exsocio de Urdangarin, Diego Torres, a la que también trata de exculpar por analogía con la infanta y sus supuestos delitos fiscales.

Un recurso bien armado en el que, sin embargo, también incluyó duros ataques y descalificaciones al que otrora fue uno de sus mejores amigos. Ahora el fiscal insinúa que Castro, en su afán por perseguir a la hija de don Juan Carlos, se podría situar al borde de la prevaricación por haber dejado de lado sus obligaciones de «imparcialidad, objetividad y congruencia» y dejarse «contaminar» por «la influencia de los medios de comunicación». Incluso da a entender que el juez, en su afán de notoriedad, se ha apuntado a la 'caza' de la infanta «porque la realidad no vende y la adopción de decisiones fruto del simple ejercicio profesional, sin el aditamento de intrigas o maquinaciones ficticias, resulta anodino a efectos comerciales».

Horrach se despacha sin medias tintas contra el instructor en un escrito que podría haber firmado la defensa de la infanta. El fiscal, antes de argumentar por qué la duquesa debería estar fuera de la causa, afirma que el trabajo de Castro en lo que se refiere a Cristina de Borbón son «conjeturas» e «insinuaciones» fruto de una instrucción «a la carta» para llevarla al banquillo. Sostiene que buena parte de las investigaciones del juez son «contradictorias» porque tuvo que hacer «encaje de bolillos» para atrapar a la infanta.

Para Horrach, el juez ha basado todo el proceso en la premisa de que «Cristina de Borbón es culpable, no se sabe bien de qué, para a continuación emprender una intensa prospección para ver si se la pilla en un renuncio».

«Cuando el puerto de destino está determinado antes de iniciar la investigación, basado en meras conjeturas, contamina de tal forma la marcha exploratoria que la convierte en un itinerario inamovible, en el cual los parámetros de imparcialidad, objetivad y congruencia que deben presidir cualquier actuación judicial quedan relegados», afirma sin paños calientes en su escrito.

Concluye que «el instructor construye un andamiaje probatorio, con falsa apariencia de solidez, para imputar a Cristina de Borbón. Cuando se revisan los anclajes de la estructura se revela tal inconsistencia que una leve brisa lo desmorona».

«Presunción huérfana»

Ya en el plano estrictamente jurídico, Horrach niega la mayor: «Afirmar que Cristina de Borbón al constituir Aizoon en 2003 coparticipaba en un plan criminal para que su cónyuge, cuatro años después, pudiese defraudar impunemente a la Hacienda en el IRPF es una presunción huérfana de indicio probatorio». Según el fiscal, el juez, con esta premisa, está «invirtiendo la carga de la prueba, obligando (a la infanta) a demostrar su inocencia».

Sostiene que la «estructura inculpatoria» del auto solo se sustenta en tres circunstancias «no discutidas y de nulo valor incriminatorio por sí mismas»: ser socia de Aizoon, ser cónyuge de Urdangarin y haber realizado gastos personales con cargo a la empresa familiar. Y ninguna de ellas, apunta, es delito. «En el Derecho Penal, basado en el principio de culpabilidad, no cabe admitirse ningún tipo de presunción de participación por la mera convivencia conyugal», abunda en el escrito.

«El hecho de imputar gastos personales ajenos a la actividad mercantil como costes de explotación no se contempla en el Código Penal como figura delictiva», vuelve a la carga Horrach, quien insiste en que la infanta reconoció que su marido «canalizaba sus ingresos» por Aizoon, a la que cargó sus ingresos como asesor, pero ese conocimiento, sobre el que el «instructor vertebra su tesis inculpatoria» no es delito.