El juez Castro a su llegada ayer a su despacho. :: REUTERS
ESPAÑA

Cuatro años de investigación a partir de un soso interrogatorio

Nada hacía presagiar en 2010 que las pesquisas sobre el enriquecimiento ilícito de Matas acabarían con la hermana del Rey a punto de ser procesada

PALMA DE MALLORCA. Actualizado: Guardar
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¿Cómo es posible que el anodino interrogatorio hace más de cuatro años de un exconsejero sobre los desmanes económicos del Gobierno de Jaume Matas termine con la hermana del Rey de España al borde del banquillo de los acusados?

Los derroteros del 'caso Nóos' han ido cambiado mucho desde aquel día de febrero de 2010 cuando el entonces consejero de Turismo Joan Flaquer mencionó por primera vez la existencia del Instituto Nóos en sede judicial. Hasta entonces la fundación de Iñaki Urdangarin solo era conocida para algunos empresarios, deportistas y políticos. Nóos era una nebulosa para el gran público que solo en una ocasión anteriormente había salido a la palestra durante una pregunta en el Parlamento balear en la que el socialista Antoni Diéguez se interesó por primera vez por el dinero que Matas había entregado a la fundación del yerno del entonces Rey para la celebración de unas cumbres deportivas que habían costado más de dos millones de euros a las arcas públicas.

La vaguedad de las respuestas de Flaquer y el extraordinario coste de esos modestos encuentros de 2005 y 2006 encendieron todas las alarmas del fiscal Pedro Horrach y el juez José Castro, acostumbrados a detectar a distancia los enjuagues económicos de Matas.

Ambos decidieron tirar del hilo. En marzo de 2010, Matas, al ser preguntado por estos convenios, habló por primera vez, casi presentándolo como un blindaje, de que detrás de Nóos estaba Urdangarin y que, por tanto, no había mucho que investigar porque obviamente todo era legal. Horrach y Castro decidieron, dado el personaje del que se trataba, llevar la investigación lo más en secreto posible. Tanto que nadie se enteró cuando en julio de 2011 Diego Torres, el socio de Urdangarin, declaró ya como imputado y reveló que en realidad Nóos se había hecho con 5,8 millones de euros de concursos no públicos de los Gobiernos de Baleares, pero también de Valencia.

La investigación ya no podía seguir en secreto y en noviembre de 2011 el escándalo estalló cuando el juez ordenó a la Policía registrar la sede del Instituto Nóos en Barcelona y otros domicilios. Aunque Urdangarin ya no estaba al frente de esa fundación desde 2006 todas las irregularidades que se investigaban correspondían a su época como presidente.

Ya no se podía esperar más. Era inminente que el yerno de don Juan Carlos declarara como imputado. Aquella Navidad de 2011, don Juan Carlos en su discurso habló de que «todos somos iguales ante la ley» y dos meses después, en febrero, Urdangarin bajaba la rampa de los juzgados. Durante dos días lo negó todo y culpó de todo a Torres, que reaccionó sacando a la luz decenas de correos electrónicos que apuntaban claramente a que la infanta Cristina estaba al tanto de todos sus negocios en Nóos.

Desde el principio Horrach no vio la implicación de la infanta, pero sí Castro. En febrero de 2013 aquellos mails y el papel de la infanta se convirtieron en el objeto central del segundo interrogatorio Urdangarin, quien se esmeró en exculpar a su mujer, pero el magistrado creyó suficientes esos correos para llamarla a declarar en primavera de 2013 por su responsabilidad como vocal en Nóos. Aquella maniobra se frustró porque la Audiencia Provincial en mayo del año pasado frenó al juez con el argumento de que su presencia en Nóos era 'decorativa' y de que no había indicios de que estuviera al tanto del desvío masivo de dinero público desde la fundación a las empresas de los socios.

Sin embargo, la Audiencia, al tiempo que anulaba el interrogatorio, le señaló el camino a Castro para imputar a la infanta: no seguir el rastro de Nóos, sino el de Aizoon, que para entonces era evidente que era una firma fantasma concebida para ocultar otros ingresos.

Así fue. El 8 de marzo, Castro, después de muchos tiras y aflojas con la Fiscalía y la defensa, logró interrogar como imputada a la entonces hija del Rey. Cristina de Borbón no respondió a nada o casi nada sobre su papel en la sociedad, el fraude fiscal y los gastos familiares endosados a Aizoon. Desde ese mismo día, dicen en los juzgados, estaba cantado que la infanta iba a seguir como imputada al concluir la investigación que empezó una insulsa tarde de febrero de 2010 con un interrogatorio que parecía que iba a ser intrascendente.