Reclama el cambio de colegio por grabar a su hija sin su permiso

Ana María Gale se confiesa «cansada y desamparada» por la situación que vive su pequeña de 8 años. Esta madre reclama desde hace meses el cambio de centro escolar de su hija discapacitada después de que su profesora de educación especial la grabara y colgara en internet un vídeo sin el consentimiento de sus padres. Desde ese momento, la lucha de la madre se centra en que esa profesora no dé más clases a su hija y conseguir un nuevo centro para ella «ya que la Consejería no ha actuado contra ella». Así, Gale denunció los hechos ante la Delegación de Educación en Cádiz, ante la Agencia Española de Protección de Datos y ante el Defensor del Pueblo Andaluz.

Mientras llega la resolución, la madre reclama una solución a su hija desde que en mayo de 2013 se produjera la grabación. Lo cierto es que la profesora retiró el vídeo al saber del malestar de la madre y excusó la grabación al tener fines educativos. De hecho, la propia Delegación de Educación defendió ante este medio la trayectoria de la docente y la «buena fe» de ésta.

Sin embargo, para Gale no es suficiente: «Ya de antes de la grabación del vídeo yo venía denunciando ante la dirección del centro -el José de la Vega Barrios- la discriminación que esta profesora realizaba sobre mi hija». Concretamente, Gale se refiere a «la falta de estímulos en la educación» de su hija. «El vídeo fue la guinda de lo ocurrido», reconoce Gale que, desde entonces, se ha negado a que esta profesora imparta los recursos de educación para su hija. Por ello, la madre reclama un cambio de centro educativo al CEIP El Trovador, donde, según la madre, «los recursos para educación especial son mejores».

Sin embargo, tras solicitar el cambio en febrero y marzo de este año, desde Educación ha sido denegado por falta de plazas. En su lugar, le ofrecen plaza en Mayorazgo, Las Albinas y Tierno Galván; centros que por su lejanía o recursos, no cubren las expectativas de Gale. Así las cosas, la madre apela al 10% de cupo que se aplica para condiciones especiales que obliguen a traslados forzosos de menores. «El caso de mi hija es una circunstancia especial. Es muy grave que esté sin recursos y la Consejería no haga nada por solucionarlo», reconoce la madre indignada.