La mitad del suelo del municipio, afectado por la sentencia del Supremo sobre el IBI

Como un jarro de agua fría, en Chiclana se dibuja una nueva situación aún por encajar. El galimatías del suelo del municipio tiene desde el pasado 30 de mayo una nueva pata que plantea un intenso cambio. En concreto, afectará al valor catastral para todos aquellos chiclaneros que tengan una finca en suelo urbano no consolidado. Ese día el Tribunal Supremo falló a favor del propietario de un terreno en Badajoz en suelo urbanizable. Dicha sentencia establece que «no se aplicará el Impuesto sobre Bienes Inmuebles urbano a terrenos no urbanizados, aunque tengan la categoría de urbanizables». Un fallo que crea jurisprudencia y que, por tanto, obligará a los ayuntamientos españoles y especialmente al de Chiclana a realizar importantes cambios.

En el Partido Vecinal Regionalista (PVRE) se mostraban ayer satisfechos con la sentencia. A fin de cuentas fue precisamente esta reivindicación la que figuraba en el germen del propio partido cuando se presentó a las elecciones municipales. Por ello, fuentes del PVRE realizaron una valoración positiva al considerar que va «en favor de los derechos de la ciudadanía». «Los impuestos se situarán en sus términos justos», apuntaron desde el PVRE.

Sin embargo, lo cierto es que tanto a su partido como al PP, en el gobierno del Ayuntamiento, se les plantea una situación, cuanto menos, compleja. De momento, el Consistorio aún no se ha pronunciado de lo que hará ni de cómo afectará esta medida a las arcas municipales. Lo que sí es claro es que los propietarios de la mitad del suelo de Chiclana se verán afectados por la medida que tome el Ayuntamiento para aplicar esta sentencia judicial. Concretamente serán los dueños de las 2.360 hectáreas que actualmente el PGOU que está en trámites los considera suelo urbano no consolidado, del total de 4.266 hectáreas que son consideradas como suelo urbano.

«En la actualidad se está cobrando a los propietarios unos impuestos como si estuvieran en suelo urbano cuando realmente es rural», puntualizan desde el PVRE. Y es precisamente en eso donde la sentencia es tajante al considerar que la categoría de «urbanizable» o de «urbano no consolidado» (un subtipo de suelo considerado en Andalucía por la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía) no son tipos de suelos aplicables a efectos fiscales. Es decir, la ley estatal considera solo dos tipos de suelos: urbanos o rurales. Por ello, los que estén en vías de urbanizar siguen siendo rurales y como tal son sus impuestos.

Esta sentencia tendrá por tanto efecto directo sobre el Ayuntamiento que recaudará de media un 30% menos de todas aquellas fincas consideradas como suelo urbano no consolidado. Además, el valor catastral de las viviendas descenderá. De hecho, la medida tendrá efectos a la baja también en los impuestos sobre sucesiones o el propio impuesto sobre las personas físicas y jurídicas. Ayuntamiento, Junta y Hacienda tendrán, por tanto, que revisar a la baja sus impuestos para los chiclaneros afectados. Ellos, por su parte, también se beneficiará en cuanto a las becas, los impuestos de sociedades o plusvalías.

«Herencia del anterior gobierno»

Desde el PVRE consideraron que el problema que se plantea ante el Ayuntamiento de Chiclana es «herencia socialista» ya que fue bajo su mandato «cuando se aprobó la ponencia de valores en la que se contemplan los suelos urbanizables». En este sentido apuntaron que desde que llegaron al gobierno «el tipo impositivo del Ayuntamiento ha bajado». Sin embargo, la ausencia de PGOU complica las cosas ya que las revisiones hasta ahora han sido parciales al no poderse realizar un cambio de la ponencia de valores catastrales sin PGOU. Así las cosas, en esta maraña el Ayuntamiento tendrá que buscar una solución que se plantea compleja.

Por su parte, el propio José María Román, portavoz del grupo municipal socialista y anterior alcalde, ofreció ayer una rueda de prensa en la que exigió al Ayuntamiento una respuesta a esta situación. En este sentido, pidió una reunión de la comisión de hacienda «para conocer la estrategia municipal». «Una vez conocida esta sentencia, se va a producir un impacto económico muy importante para los ayuntamientos. No se trata de no hablar de este asunto, como hace el gobierno municipal, sino de actuar y dar cumplimiento a la sentencia y, al mismo tiempo, se tiene que garantizar los ingresos tributarios del Ayuntamiento», puntualizó.