El Congreso da el primer paso para el aforamiento exprés de don Juan Carlos

La comisión de Justicia del Congreso dio ayer el primer visto bueno al aforamiento de don Juan Carlos con los únicos votos del PP y la abstención u oposición del resto de los grupos parlamentarios. El debate, al margen de su enconamiento, tuvo la virtud de constatar que todas las fuerzas políticas, aunque con matices, creen que sería oportuno revisar el fuero especial ante los tribunales que disfrutan casi 10.000 altos cargos del Estado.

Las dos enmiendas promovidas por los populares a una reforma de la ley de régimen interno de la judicatura sortearon el filtro de la comisión de Justicia de la cámara y serán debatidas, votadas y aprobadas en un pleno extraordinario que celebrará el Congreso mañana. El 9 o 10 de julio serán refrendadas por el Senado y el exjefe del Estado, así como la reina Letizia, la reina Sofía y la Princesa de Asturias, doña Leonor, y su futuro consorte, solo deberán responder por su conducta ante el Tribunal Supremo.

La discusión parlamentaria elevó su tono pero con las mismas claves que tuvo en el debate de la ponencia. El PP reiteró «la deuda de gratitud» que tiene España con don Juan Carlos para defender su aforamiento, mientras el resto de los grupos recriminó a los populares sus «prisas» por sacar adelante la norma, una urgencia que despierta «suspicacias» sobre sus intenciones y levanta una sombra de «la sospecha» sobre lo que no se sabe de la actuación del exjefe del Estado.

«Estamos dando una mala imagen por las prisas. No lo estamos haciendo bien», denunció el portavoz de CiU, Jordi Jané. El diputado del PNV Emilio Olabarria señaló que la sensación que se da es que el Gobierno y el Parlamento tratan de proteger a «una figura con perfil delincuencial». El parlamentario de IU Gaspar Llamazares consideró que no se discutía un aforamiento sino «un blindaje excepcional» de la Corona para que «el rey emérito y la familia real» solo puedan ser juzgados ante el Supremo y «ante Dios».

Más sosegados se mostraron los socialistas, que admitieron que «podrían haber estado de acuerdo» con el fuero especial si se hubiera tramitado de otra manera. Lo que no impidió que el Gobierno criticara su abstención porque comporta un ejercicio, a su juicio, de cinismo ya que niegan al exjefe del Estado una garantía procesal de la que disfrutan ellos como diputados, recordó la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. El portavoz popular, Alfonso Alonso, acusó también al PSOE de haberse «agarrado al comodín del procedimiento» para disimular su «incapacidad» de definirse.

El cruce de críticas, sin embargo, permitió que aflorara un atisbo de consenso sobre la necesidad de revisar la figura del aforado para los cargos públicos. El portavoz del PP en la cámara admitió que puede ser un debate pertinente, pero no ahora sino cuando se tramite en el Congreso la amplia reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, allá por el otoño. Solo pidió «un debate sensato para no crear expectativas que luego no podamos cumplir».

Su homóloga socialista, Soraya Rodríguez, también consideró que ha llegado el momento de revisar esta figura procesal si bien el asunto tiene «muchas aristas» porque en algunos casos el aforamiento está recogido en la Constitución, caso del Gobierno y los parlamentarios, y requeriría su reforma. Pedro Sánchez, candidato a secretario general del PSOE, fue más lejos y reclamó «la restricción» del aforamiento a todos los cargos públicos.

La excepción española

También los nacionalistas vascos y catalanes se mostraron partidarios de reconsiderar el fuero judicial de los cargos públicos, pero «sin improvisar y con consenso», matizó Jané. Idea a la que se sumó el diputado del PNV, Pedro Azpiazu, en concreto a la disminución del número de protegidos. UPyD reclamó tabla rasa y que se supriman todos los aforamientos que no están recogidos en la Constitución.

La mayoría de las naciones europeas limitan el fuero judicial especial a los muy altos cargos públicos, como el jefe del Estado, el primer ministro y poco más. En Alemania, Estados Unidos y el Reino Unido no hay ninguna persona que disfrute de estas garantías procesales, y en Portugal e Italia solo la tienen el presidente de la República. En España, en cambio hay cerca de 10.000 aforados, de los 5.171 son jueces, 2.407 fiscales y cerca de 2.000 políticos que ocupan cargos públicos: todo el Gobierno, el Congreso, el Senado, los presidentes y consejeros autonómicos, los diputados autonómicos siempre que así se recoja en sus estatutos, el presidente y los consejeros del Tribunal de Cuentas y del Consejo de Estado, así como el defensor del Pueblo.