Montero avisa a Montoro que no aceptará 'la patata caliente' de una mayor autonomía fiscal

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, no tuvo reparos ayer en aplicar el dicho de poner antes el parche que la herida al advertir al Gobierno de la nación que no aceptará mayor autonomía fiscal sin un nuevo modelo de financiación, pese a que el Ejecutivo de Rajoy no ha dicho nada aún sobre ello.

Al Gobierno de la Junta de Andalucía no le ha gustado la reforma fiscal anunciada por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Lo dejó bien claro este lunes la presidenta, Susana Díaz. Montero abundó ayer en datos para resumir que las clases medias «van a pagar las rebajas de las rentas altas».

Pero el principal mensaje de la consejera de Hacienda ayer, a dos días de la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera, fue una advertencia dirigida a Montoro sobre un «globo sonda» aún sin confirmar, el de que el ministro tenga guardada en la mochila una nueva tasa ecológica a aplicar por las comunidades autónomas con un doble objetivo: que estas compensen la reducción de ingresos por la rebaja fiscal y para tranquilizar a Bruselas sobre la estabilidad presupuestaria y el cumplimiento del objetivo del déficit. «Estas no son las reglas de juego y el Gobierno de España no puede jugar el papel de bajar él los impuestos y, conocedor de que las comunidades van a recibir menos ingresos, darles la 'patata caliente' de que sean ellas las que suban los impuestos cara al programa de estabilidad planteado ante Bruselas», dijo Montero.

La propuesta de Montoro contempla una reducción de ingresos por impuestos de 6.000 a 9.000 millones de euros, que el Gobierno prevé compensar con la mejora de la actividad económica. El ejecutivo de Díaz, sin embargo, desconfía de esta previsión y teme que esta rebaja caiga sobre las espaldas de las comunidades autónomas, ya que considera la rebaja una operación de «maquillaje» del PP para afrontar las municipales y generales del próximo año.

Montero recordó que las comunidades autónomas tienen la responsabilidad de los servicios públicos básicos, como educación y sanidad. También que la mayor parte de la financiación de estos proviene del Estado. Un recorte en los ingresos puede ir en perjuicio de la calidad de dichos servicios u obligar a las autonomías a incrementar su presión impositiva. Una presión fiscal que en el caso de Andalucía debería ser mayor al ser una de las comunidades con renta más baja de la media. Por ello, Montero insistió en una reclamación antigua del Gobierno andaluz, incluso del tiempo de José Luis Rodríguez Zapatero, un nuevo modelo de financiación que garantice los recursos mínimos para los servicios públicos que prestan las comunidades. «El Gobierno tiene legitimidad para bajar los impuestos, pero no tiene legitimidad de hacerlo a costa de las comunidades autónomas», enfatizó Montero.

La consejera llevará esta queja al Consejo de Política Fiscal y Financiera de este jueves, aunque en el orden del día no figura nada sobre financiación autonómica y tampoco sobre la reforma fiscal.

La titular de Hacienda no quiso arriesgarse a garantizar un presupuesto expansivo para 2015, como miembros del Gobierno y ella misma insinuaron la pasada semana. Dijo que no hará ninguna previsión hasta no conocer las entregas a cuenta del Estado, que se sabrán a finales de julio. Sí garantizó tres cosas: La Junta no subirá ningún impuesto, priorizará los servicios públicos básicos y cumplirá con el compromiso de la presidenta de restituir a los empleados públicos las pagas extras completas.

De la reforma fiscal Montero criticó que desaparezcan los tramos del IRPF a partir de los 60.000 euros; la tributación por despido improcedente a partir de los 2.000 euros; la supresión de deducciones por alquiler de vivienda y la bajada del impuesto de sociedades a las grandes empresas del 30% al 25%.