El extesorero de UGT-A y otras 13 personas, detenidas por la trama de facturas falsas

El extesorero de UGT Andalucía, Federico Fresneda, y otras trece personas fueron detenidas ayer por su presunta relación con el fraude de facturas falsas en los cursos de formación del sindicato. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, por orden del juez de Instrucción número 9, Juan Jesús García Vélez, lanzó desde primera hora de la mañana una operación en Sevilla, Madrid y Jaén que incluyó seis registros simultáneos a diversas empresas.

La detención de Fresneda se produjo en Canarias, donde se encontraba de vacaciones, después de que los agentes de la UCO acudieran a su casa, en el sevillano barrio de Los Remedios, que también registraron.

El sindicalista fue vicesecretario general de administración y recursos humanos de UGT Andalucía durante diez años, bajo el mandato de Manuel Pastrana y hasta su sustitución por Francisco Fernández Sevilla, que dimitió tras la crisis abierta por el escándalo de las facturas falsas y el desvío de fondos, que dio paso a una nueva ejecutiva presidida por Carmen Castilla.

Fresneda era la persona que todos desde UGT señalaban como máximo responsable de las finanzas del sindicato y el único que, junto con Fernández Sevilla, entonces secretario de organización, tenía firma delegada en la central. Aparece citado en diversos documentos sobre las presuntas prácticas delictivas.

La UCO, en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción, detuvo a otros tres sindicalistas, trabajadores o extrabajadores del sindicato, cuyas identidades no han trascendido. Diversas fuentes indican que uno de ellos sería una ex jefa de compras y otro, un empleado de Soralpe. También están detenidos diez directivos y empleados de las empresas registradas.

Siete de las detenciones se han llevado a cabo en Sevilla, cinco en Madrid y las dos restantes en Jaén y Gran Canaria.

Los registros fueron practicados en tres empresas sevillanas. La primera de ellas, Chavsa, que surtía de mobiliario de oficina a UGT y que se encuentra ubicada en la Avenida de las Razas, número 1, un punto donde fue visible el despliegue de seguridad hasta mediada la tarde de ayer. Las otras fueron la firma de artes gráficas Lienzo Gráficos Impresiones, del polígono Hytasa, y la agencia de viajes Macarena, en la calle Feria.

En Madrid fue registrada la compañía informática Siosa, en la calle Padre Damián, y en Jaén KND, dedicada a formación y situada en la avenida de Andalucía 56.

La operación de la UCO se ha llamado 'Cirene II' y continúa la 'Cirene', que se llevó a cabo en diciembre y consistió en un espectacular registro de la sede regional ugetista en Sevilla, cuyos archivos fueron precintados por orden judicial, cautela que se levantó el mes pasado. Según la UCO, las investigaciones han definido diversos métodos para desviar fondos «de manera sistemática año tras año, siendo perfeccionado en el tiempo» hasta constituir la principal vía de la financiación del propio sindicato, presuntamente. Los procedimientos fueron perfeccionados por personal del sindicato, dirigidos por un responsable de la organización y hay indicios que apuntan a diversas personas, añade, por un delito de fraude de subvenciones. La operación sigue abierta y no se descartan más detenciones.

El juez García Vélez ha asumido la investigación de las diversas causas sobre los presuntos fraudes cometidos por UGT-A en la gestión de los fondos de formación y el desvío de subvenciones, mediante facturas falsas, después de que se le retirara a Mercedes Alaya, a quien inicialmente se adjudicó. Las diligencias siguen bajo secreto de sumario.

Tras las denuncias del uso indebido de fondos para pagar una comida en la feria de Sevilla o maletines falsificados para los asistentes a un congreso, la Junta de Andalucía decidió revisar de oficio todas las subvenciones otorgadas a la central. Aunque los expedientes siguen abiertos, la última información proporcionada por el consejero de Economía, José Sánchez Maldonado, indica que ya se reclama a UGT por vía de apremio la devolución de 1,9 millones de euros. La cantidad podría aumentar hasta 7,8 millones.

La dirección ugetista se desmarcó de la investigación: «La respetamos y somos los primeros interesados en aclarar lo sucedido», dijo.