La Audiencia archiva la causa contra China que reformó la justicia universal

Las presiones de China para archivar la causa de la masacre del Tíbet, en la que estaban imputados los expresidentes Jiang Zemin y Hu Jintao, entre otros, tuvieron el efecto judicial deseado. Primero fue con la reforma exprés de la justicia universal, aprobada por el Grupo Parlamentario del PP en el Congreso, y ayer con la decisión de la Audiencia Nacional de archivar, con la nueva norma en la mano, el caso que tantos quebraderos de cabeza ha generado al Gobierno.

La decisión del pleno de la Sala de lo Penal fue por un resultado ajustado, nueve votos a siete, pero los efectos eran inmediatos. Por un lado se acabó el caso del Tíbet, y del otro la resolución avalaba la polémica reforma de la justicia universal, que limita a la mínima expresión su aplicación. Una doble victoria para el Ejecutivo de Mariano Rajoy y para el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

Para el pleno, que contó con la ausencia de dos magistrados, Juan Francisco Martel y Alfonso Guevara, y cuyo voto del presidente, Fernando Grande-Marlaska, tuvo un peso fundamental para decantar la balanza, en el caso del Tíbet España no tiene jurisdicción para perseguir unos hechos tipificados como genocidio y lesa humanidad, porque los ocho querellados no son españoles, ni residen habitualmente en España ni se denegó su extradición por parte de las autoridades españolas.

A juicio de la mayoría, estos tres requisitos son indispensables para que, de acuerdo con la nueva ley, se pueda mantener la competencia de la Audiencia Nacional en esta materia. En la misma línea también se acordó el sobreseimiento de la querella del grupo Falun Gong, cuya actividad fue reprimida por el Gobierno de Pekín.

Sáhara Occidental

Cerrada la causa que más preocupaba al Gobierno, con una China apretando por vía diplomática las relaciones comerciales bilaterales, la Audiencia Nacional sí estimó por mayoría continuar investigando la muerte del ciudadano español Baby Hamday Buyema, ocurrida en la ciudad de El Aaiún, Sáhara Occidental, en octubre de 2010.

El hermano del fallecido presentó una querella por delitos de genocidio y lesa humanidad contra varios ministros de Marruecos y altos cargos policiales de ese país por los sucesos del Campamento de la Dignidad, donde falleció Baby tras ser atropellado por un vehículo de la policía marroquí.

Tras la reiterada negativa del juez Ismael Moreno y de la sala a investigar los hechos, el pleno acordó ahora que la Audiencia Nacional es competente al entender que España «sigue siendo potencia administradora de derecho sobre el territorio del Sahara, conforme a las normas de Naciones Unidas». La jurisdicción se fundamenta en el principio de territorialidad, artículo 23.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Una resolución que supone un claro aval a la defensa de los derechos de los saharauis o de los españoles residentes en ese inhóspito territorio.

Por último, el pleno rechazó el recurso que la Fiscalía Antidroga contra la decisión del juez Fernando Andreu de excarcelar a ocho marineros egipcios detenidos en alta mar. Los jueces destacaron la falta de jurisdicción de los tribunales españoles para perseguir estos hechos cometidos por extranjeros. Ya son 53 tripulantes foráneos los que han quedado en libertad tras la reforma de la ley.