Esisa, tres años sin desahucios

La Empresa Pública de Suelo (Esisa) gestiona actualmente mas de 300 viviendas en régimen de alquiler social, concretamente 313. La mayoría de ellas están situadas en edificios ejecutados por la empresa con apoyo en los programas de vivienda pública y protegida de las administraciones central y autonómica, pero financiadas con préstamos que se continúan pagando puntualmente. Eso significa que las rentas sociales que se aplican a los inquilinos son necesarias para continuar con la política de vivienda pública en la ciudad.

Pero la situación económica ha empeorado en los últimos años y las familias encuentran mayores dificultades para estar al día en el pago de la renta. La empresa, consciente de la realidad de las personas que ocupan sus viviendas sociales, ha decidido ser sensible e intentar prestar su ayuda. Hasta el punto que desde hace tres años no ha ejecutado ningún desahucio. Cuando surge un problema de pago se estudia la situación de la familia, los problemas que reúne de empleo, deudas, liquidez y se les apoya en la realización de las gestiones necesarias para superar las dificultades. Para ello se cuenta con la colaboración de los servicios sociales.

El número de personas que se encuentran en esa situación fluctúa constantemente, aunque la empresa reconoce que la cifra de familias atendidas es cada vez mayor. Normalmente se les propone un plan de pagos, dándoles las máximas facilidades posibles para la liquidación de las cantidades atrasadas y se ha constatado que los inquilinos cumplen. Otras veces quedan algunas cantidades pendientes por imposibilidad de asumirlas y se renegocian. «Siempre que haya voluntad de pago se firma una propuesta y se dan las mayores facilidades», asegura el presidente de la entidad, Francisco Romero. En otros casos, la falta reiterada de pago y el incumplimiento de los compromisos asumidos por familias con ingresos reconocidos obliga a la empresa a acudir a la demanda judicial. «Pero aún así en esos casos se les otorga la máxima flexibilidad para el pago de la deuda y las situaciones siempre se solucionan. Bajo mi presidencia nadie ha tenido que abandonar una vivienda de Esisa por no poder afrontar las cuotas. Mi orden siempre ha sido muy clara al respecto», subraya.

Se dan casos incluso en los que ante la manifiesta imposibilidad de pagar el alquiler, se les propone para la adjudicación de otra vivienda de menor renta y que haya podido quedar libre. «De esa forma se consigue que esa familia pueda estar al día en el pago de la renta y que su antigua vivienda sea ocupada por otra que disponga de recursos necesarios para el pago de la renta correspondiente».

No a la patada en la puerta

En los casos de ocupación ilegal de viviendas siempre se intenta llegar primero a un acuerdo con la familia ocupante para que abandone la vivienda voluntariamente. En el caso de que no se alcance un acuerdo es entonces cuando se plantea el correspondiente procedimiento judicial. «En una época en la que la necesidad de vivienda es cada vez mayor, en la que el registro municipal de demandantes de vivienda protegida cuenta con mas de 4.000 familias inscritas, muchas de las cuales cuentan con un informe de encontrarse en riesgo o incluso en situación de exclusión social, no debemos amparar la patada en la puerta. Sería injusto para aquellas familias que en exclusión social llevan años esperando con las mismas o mayores necesidades».

Para Romero la solución radica en la promoción de nuevas viviendas sociales, por lo que no entiende que las administraciones autonómica y estatal «supriman las ayudas». Todo ello mientras la Junta de Andalucía no acaba de sacar su Plan Marco de Vivienda y Rehabilitación anunciado desde el 2 de abril de 2013 y en cuyo borrador no ha un céntimo para la construcción de viviendas sociales.