Argentina negocia 'in extremis' el pago de su deuda

Trece años después de la última bancarrota, Argentina está de nuevo al borde de la suspensión de pagos de su deuda externa. Pero a diferencia del escenario de 2001, ahora el país tiene por delante vías que le permitirían salir de la nueva encrucijada planteada por los llamados 'fondos buitres'. Todo parece indicar que el Gobierno de Cristina Fernández se encamina al desfiladero y sin embargo no pocos analistas confían en un acuerdo de última hora.

Una de las posibilidades que maneja la mandataria para superar la crisis es ofrecer a los fondos que quedaron fuera de la reestructuración una cancelación con bonos a partir de 2015. Otra opción sería cambiar la jurisdicción de pago; de Nueva York, donde hay riesgo de embargo, a Buenos Aires. Pero ese cambio de las reglas sería interpretado como una nueva suspensión de pagos con un impacto muy negativo para el país, que busca ahora volver a acceder al crédito.

Después de que el Tribunal Superior de Justicia de Nueva York haya decidido no tratar el caso de Argentina -que fue demandada por propietarios de títulos impagados que quedaron fuera de la reestructuración de 2005 y 2010-, el Gobierno estudia cómo cumplir los vencimientos de la deuda reprogramada sin que la justicia neoyorquina incaute esos fondos para cancelar el reclamo de los 'fondos buitre' que no aceptaron entrar al cambio y ganaron el litigio.

El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, declaró ayer que «nadie puede dudar de la voluntad de pago de Argentina», pero también aclaró que «no hay misión ni comitiva preparada para viajar a Estados Unidos» a negociar con los acreedores, como había trascendido en la víspera después de que los abogados de la parte argentina se reunieran en Nueva York con el juez Thomas Griesa que dictaminó a favor de los 'fondos buitre' en 2012.

«Extorsión»

El fallo de Griesa fue respaldado el lunes por del Tribunal Supremo. En la reunión con los letrados, el juez se quejó porque Cristina Fernández habló de «extorsión» al referirse a la presión judicial para que se pague a los 'fondos buitre' de una vez y en efectivo los 1.500 millones de dólares (1.100 millones de euros) que le reclaman. La presidenta había explicado que si lo hiciera, todos los propietarios de títulos que no entraron a los cambios reclamarán por un total de 15.000 millones de dólares (11.000 millones de euros). Y luego también podrían exigir el mismo beneficio de cobrar sin descuentos y al contado como ya lo hicieron los titulares de bonos reestructurados. «Todo se caería como un castillo de naipes», fue el alerta que dio la mandataria. «No me da confianza en un compromiso de buena fe para pagar todas las obligaciones», dijo el juez.

Entretanto, la cámara de apelaciones de Nueva York ratificó la sentencia anterior. El Ministerio de Economía emitió un comunicado en el que lamentó la suspensión de ese recurso y advirtió de que eso «imposibilita» al país a pagar el próximo vencimiento de su deuda el 30 de junio. La incertidumbre sobre qué hará el Gobierno para no caer en suspensión de pagos regresa al país.