El exconsejero Martín Soler se declara «por entero inocente» en el 'caso ERE'

El exconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa Martín Soler se acogió ayer a su derecho a no declarar ante la jueza Mercedes Alaya al igual que han hecho la mayoría de imputados citados a comparecer en el último mes. Como estos, Martín Soler alegó como razón de su silencio el que no se haya incorporado al sumario el atestado de la Guardia Civil sobre la agencia IFA/IDEA, a través de la cual se pagaban las ayudas sociolaborales de la Consejería de Empleo investigadas por fraudulentas. Esta agencia dependía de la Consejería de Innovación en el tiempo en el que Martín Soler fue su titular, desde abril de 2009 a marzo de 2010.

Aunque se negó a declarar, el abogado de Soler presentó un escrito con alegaciones, al que ha tenido acceso este periódico, en el que pide «la remoción» de su imputación, afirma que se considera «por entero inocente» porque en su etapa de consejero actuó «con absoluto acomodo a la legalidad». Ni la Fiscalía ni ninguna de las otras partes personadas solicitó medida cautelar alguna contra el exconsejero.

La jueza Alaya le acusa de los delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación al considerar que conoció que el procedimiento para pagar las ayudas sociolaborales y a empresas no era el adecuado y no hizo nada por corregirlo.

Según Alaya, Martín Soler tuvo conocimiento el 4 de noviembre de 2009 del informe de la Intervención General de la Junta sobre la agencia IDEA en el que se volvía poner de manifiesto que el procedimiento para el pago de las ayudas sociolaborales, las transferencias de financiación, «no se consideraba adecuado para financiar el gasto público realizado».

«Imaginar, suponer, admitir o dar por hecho que el consejero, por un lado, de hecho y materialmente haya de recibir o reciba y, por otro, tenga la obligación de leer, revisar, analizar y decidir en clave técnica sobre los contenidos de los múltiples informes que puedan llegar a su Consejería, bien de la Intervención General o bien de cualquiera de los múltiples departamentos técnicos informantes de la Junta, es, más allá de situarse en el terreno de la pura y conjetural sospecha, sencillamente desconocer el verdadero funcionamiento y reparto de funciones dentro de una complejísima maquinaria administrativa como es la Administración de la Junta», dice el escrito de alegaciones firmado en su nombre por el abogado Alfonso Martínez del Hoyo.

Soler afirma en el mismo que nunca tuvo conocimiento del informe hasta que ya destapado el caso y antes de comparecer en la comisión de investigación del Parlamento en agosto de 2012 pidió leerlo. Pudo comprobar entonces que «no contiene, en lo que al programa 31.L de la Consejería de Empleo respecta, ninguna medida de actuación, ni incidencia sobre el actuar debido o el rol propio de la agencia IDEA en cuanto a este concreto programa presupuestario».

Funciones del consejero

También señala que no participó ni directa o indirectamente en las resoluciones de IDEA respecto a las ayudas sociolaborales porque «no estaba entre las funciones del consejero decidir sobre los aspectos concretos, puntuales y singulares de las muy diversas y numerosísimas actuaciones que cotidianamente se llevaban a cabo en la agencia IDEA». Añade que como consejero confiaba «en la rectitud, probidad, honestidad y profesionalidad de todos y cada uno de los servidores públicos de IDEA que desarrollaron su cometido en el momento temporal en que desarrolló su mandato».

Argumenta, como hizo en la comisión parlamentaria, que «no existe en la causa ni existirá un solo documento o acto, directo o indirecto, que pueda vincularlo» con IDEA.

La Fiscalía anticorrupción ha solicitado 230.000 euros de fianza a dos exdirigentes de UGT imputados en la causa, Manuel Morales Larrubia y Luis García de los Reyes.