Las Cortes aprobarán el aforamiento de don Juan Carlos en un pleno extraordinario en julio

El Congreso y el Senado aprobaran en sendos plenos extraordinarios en julio el proyecto de ley orgánica de aforamiento de don Juan Carlos. El Gobierno tiene previsto dar luz verde al texto en el Consejo de Ministros del 20 o del 27 de junio y solicitar la tramitación con lectura única en ambas cámaras, al igual que hizo con la ley de abdicación.

Aunque la inviolabilidad del jefe del Estado por los actos cometidos durante su reinado una vez que deje de ser rey está fuera de discusión, a juicio de la mayoría de los juristas, el Gobierno no quiere sorpresas en forma de demandas o querellas por otras cuestiones referidas a don Juan Carlos. El Consejo de Ministros, por tanto, aprobará este viernes o el que viene el proyecto de ley para su aforamiento y lo remitirá de inmediato al Congreso y al Senado para que lo tramiten con el procedimiento de urgencia.

Ambas cámaras celebrarán plenos extraordinarios en julio, es posible que en la segunda y tercera semanas, de modo que antes de acabe el mes estará cerrado el blindaje penal y civil del rey, tratamiento que conservará don Juan Carlos hasta su muerte. Estos plazos permitirán además al Gobierno contar con el casi seguro apoyo del PSOE, aunque no tiene la misma certeza con otras fuerzas, como UPyD, que apoyó la ley de abdicación, pero que es reticente a la figura del aforamiento, un privilegio ante los tribunales del que disfrutan en España entre políticos, jueces y fiscales 10.000 personas, más que en ningún otro país del mundo.

El Ejecutivo da por hecho que no tendrá el apoyo de los grupos de confesión republicana, y, a la vista de lo ocurrido con la abdicación, tampoco cuenta con los nacionalistas. El Ejecutivo considera que los socialistas mientras estén liderados por Alfredo Pérez Rubalcaba no pondrán reparos por su compromiso con el consenso constitucional de 1978. Tampoco es que tema que el nuevo secretario general del PSOE que votarán los militantes el 13 de julio se vaya a resistir a apoyar el proyecto gubernamental, pero prefiere no correr riesgos. Tanto Eduardo Madina como Pedro Sánchez, hoy por hoy los favoritos para suceder a Rubalcaba, aunque muestran un perfil republicano más acentuado, se han mostrado partidarios del aforamiento del Rey. Esta norma que da el privilegio de ser juzgado solo por el Tribunal Supremo, además de aplicarse a don Juan Carlos, se hará extensiva a la futura reina Letizia, a doña Sofía, y a la próxima Princesa de Asturias, la infanta Leonor. Hasta ahora estaban al margen de esta garantía procesal.

Mariano Rajoy optará por la fórmula del proyecto de ley específico porque las otras dos alternativas, introducir el blindaje penal y civil en la reforma de la ley del Poder Judicial o que el PP presente una proposición de ley en ese mismo sentido, alargan los plazos, la primera, y la segunda no es, a juicio de fuentes gubernamentales, el rango adecuado para un asunto de Estado.

Texto muy avanzado

La tramitación en las Cortes de la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial puede extenderse hasta final de año y dejaría a don Juan Carlos expuesto hasta entonces. La proposición de ley con lectura única fue utilizada por el PP para reformar la justicia universal en medio de la crítica generalizada de todos los grupos, que vieron en ese mecanismo un atajo para hurtar el debate parlamentario. No parece, por tanto, aconsejable volver a utilizarlo. El equipo de juristas que coordina la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría tiene muy avanzado el proyecto legal, y el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ya apuntó el pasado jueves que la norma puede estar en vigor «en unas semanas».

El Gobierno tiene a favor de la urgencia que ya no necesita pedir el informe del Consejo General del Poder Judicial, un trámite preceptivo que suele demorarse como poco dos semanas. El gobierno de los jueces informó la pasada semana a favor del aforamiento del rey, su esposa y el heredero en su dictamen sobre el proyecto de ley del Poder Judicial. Quedaría el informe de otro órgano consultivo, el Consejo de Estado, que podría redactarlo en dos semanas. Con ese calendario, y si no hay cambios de última hora, el Congreso puede convocar el pleno extraordinario la segunda o tercera semana de julio, y el Senado, siete días después.