¿De verdad es posible despolitizar las cajas?

La crisis provocada por las cajas de ahorro, que a punto estuvo de hundir el sistema financiero español, sigue muy presente. Ahí entierra sus raíces el ordenamiento jurídico que ahora regula los cambios que llegan. Uno de los objetivos es terminar con la politización de estas entidades financieras, porque es sabido que la injerencia de los partidos y la ausencia de profesionalización en el ejercicio de su gobierno corporativo desde 1985 fue la principal causa de la debacle. Pero la norma no será efectiva. Al menos, así lo consideran los expertos en Derecho Mercantil consultados. Porque la regulación deja el nombramiento del patronato de las fundaciones bancarias (su nuevo órgano de gobierno) a las asambleas de las cajas actuales, y las exigencias del articulado a la hora de determinar la composición de ese patronato son lo suficientemente ambiguas como para que en las nuevas entidades se reproduzcan los viejos vicios.

¿Tan flexible es la normativa? Mikel Larreina, vicedecano de postgrado de Deusto Business School y profesor de Finanzas, asume que en las futuras fundaciones queda vía libre para que haya «un componente político importante». Sin embargo, es crítico con la discriminación a la que se somete a estas entidades con respecto a cualquier otra que entre en el accionariado de un banco.

Una de las críticas más escuchadas a raíz de toda la exigente regulación que afecta a las cajas de ahorros es que no se ha discriminado entre aquellas entidades catastróficas, consumidas por el ladrillo y la corrupción, y las que siempre han mantenido altos niveles de solvencia. Sin embargo, Europa parece entender que argumentar eso es como defender que no se ponga barreras en un paso a nivel porque el tren aún no ha arrollado a nadie. Así que la ley 26/2013 da la misma fórmula para todas, buenas y malas. Volviendo al asunto de la intervención política, es cierto que con la nueva regulación «se ha reducido el margen de influencia de las administraciones públicas» en los órganos de gobierno de las fundaciones, recuerda Belén García, profesora de Derecho Mercantil de la Universidad de Deusto.

En concreto, «del 40% de antes al 25% de ahora». La cuestión es que junto a las administraciones en el patronato se integrarán, según dice la ley, «entidades representativas de intereses colectivos», «personas físicas o jurídicas que hayan aportado recursos a la fundación», «personas independientes de reconocido prestigio profesional», «personas que posean conocimientos y experiencia específicos en materia financiera». Es decir, se trata de un listado tan amplio y ambiguo que «sigue dejando margen para el control político, aunque sea de un modo más indirecto», razona la profesora. A su juicio, el desarrollo de la ley debería acotar más la naturaleza de los patronos, ser más concreto, pero aún ni hay reglamento de ámbito estatal ni normativa autonómica que haga esas matizaciones.

El beneficio de la duda

Además de todo lo anterior, Luis Miranda, catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Córdoba, y Javier Pagador, profesor titular de la misma materia en la citada universidad, inciden en una peculiaridad que a su juicio permitirá dar continuidad a la politización de las cajas en las futuras fundaciones. «Uno de los grandes déficits de la ley es que ha dejado en manos de las asambleas de las cajas la capacidad de nombrar a los patronos de las fundaciones», recuerdan. Así que, parafraseando al catedrático de Mercantil de la Universidad Autónoma de Madrid, Jesús Alfaro, «el pecado original se mantiene y los patronatos no merecen mayor confianza en su buen hacer que la que tuvieran los consejos de administración de las cajas transformadas».

Sin embargo, los expertos cordobeses no son tan críticos y opinan que la presencia de administraciones públicas en los patronatos no tiene por qué ser necesariamente un elemento negativo porque, al fin y al cabo, supone un control público sobre unas entidades cuya razón de ser es la Obra Social. «Lo malo es que los partidos hagan prevalecer exclusivamente sus intereses en vez de velar por el interés general», plantea Luis Miranda.