El soberanismo busca un censo para que voten los mayores de 16 años y los extranjeros

Sin prisa, pero sin pausa, el Parlamento catalán ultima la redacción de una ley de consultas que sirva, al menos para su discurso justificativo, de base legal para el referéndum sobre la independencia previsto para el 9 de noviembre. La intención de Artur Mas es aprobar la norma a la vuelta de las vacaciones de verano y acto seguido firmar el decreto de convocatoria de la consulta, entre la Diada del 11 de septiembre y el referéndum escocés, que se celebrará una semana después. De ahí que los trabajos parlamentarios estén llegando a su fin.

Uno de los puntos sobre los que no había consenso era el censo. El problema que tenían las cuatro fuerzas soberanistas que impulsan la consulta era encontrar una fórmula que evitara tener que utilizar el censo oficial, que es competencia estatal y se da por descontado que el Gobierno no lo facilitará para un referéndum sobre la independencia. La solución que han encontrado CiU, Esquerra, Iniciativa y la CUP es utilizar el registro de población de Cataluña, una base de datos reconocida en el Estatuto catalán en la que figuran los padrones municipales de toda Cataluña y está gestionada por el Instituto de Estadística de Cataluña, el Idescat.

En ese registro estarán incluidos también los extranjeros residentes o los catalanes que viven en el exterior, de tal manera que en el referéndum catalán puedan votar todos las personas empadronadas en Cataluña mayores de 16 años, tengan o no la nacionalidad española. CiU propone para poder votar un año de residencia para los europeos y tres para los extracomunitarios, aunque este último punto está pendiente de cerrar un acuerdo. La ley establecerá como norma general, como dice el Estatut, que la Generalitat y los ayuntamientos podrán convocar consultas sobre materias de su «ámbito competencial». PP y PSC consideran que una votación sobre la independencia de Cataluña escapa del ámbito competencial del Gobierno catalán, mientras los soberanistas opinan lo contrario.

Otro rifirrafe con el Gobierno

Mientras el Parlamento catalán se prepara para la consulta, el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, incrementó ayer la presión sobre el Gobierno de Mariano Rajoy para que haga una oferta seductora al nacionalismo catalán que pueda neutralizar el proyecto independentista. Si el presidente del Ejecutivo «no mueve ficha antes del verano», el «choque de trenes no se podrá detener» y «todo va a reventar», advirtió el líder democristiano en tono apocalíptico desde la carta semanal que envía a la militancia de su partido. Duran dejó en el aire en qué sentido debería ser el movimiento de ficha ni qué oferta serviría para, al menos, frenar los planes de convocar la consulta.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, le replicó que los «poderes públicos» llegan hasta donde pueden y que el límite lo marca la Constitución. Duran «sabe cuál es la posición del Tribunal Constitucional y de la mayoría de las cámaras (Congreso y Senado)» y debe tenerla en cuenta antes de opinar, recordó la número dos del Ejecutivo.

Sáenz de Santamaría y Artur Mas hablaron el miércoles en Barcelona, donde el presidente de la Generalitat trasladó a la vicepresidenta su interés por mantener un encuentro con Rajoy. «Estoy a disposición», le dijo. Mas, como Duran, redobló el desafío al Gobierno de Rajoy. «Si nadie te llama a hablar y no quieren negociar nada y lo único que hacen es imponer para que demos marcha atrás, en este planteamiento no hay escenario de diálogo y frente a estas condiciones convocaremos la consulta», dijo en un encuentro empresarial.

Despues de votar, añadió, «veremos si las mayorías son suficientemente sólidas tanto si sale sí como no». Mas subrayó que lo importante es la consulta porque «si no ganamos esta batalla, no podremos afrontar otras más importantes».