La justicia liquida el ERE de Coca-Cola por las malas artes de la compañía

La Audiencia Nacional ha liquidado el polémico expediente de regulación de empleo (ERE) presentado en enero por el grupo Coca-Cola Iberian Partners, que distribuye el popular refresco y otras marcas de bebidas de la multinacional en España. El motivo principal de su decisión, que será recurrida por la empresa ante el Tribunal Supremo, han sido sus malas artes.

Y es que como ya adelantó este medio al termino de la vista oral de este proceso el pasado día 3, los magistrados han apreciado varias causas de nulidad para tumbar dicho ERE, que se saldó con el cierre de cuatro fábricas y el despido de 821 trabajadores, así como el cambio de destino y funciones de varios centenares. Para ello no sólo han tenido en cuenta los argumentos de parte de los sindicatos, contradichos a su vez por las tesis de la empresa, sino fundamentalmente un informe severo de la Inspección de Trabajo que deja en mal lugar la actuación de Coca-Cola Iberian Partners.

La principal infracción que apreciaron los técnicos del Ministerio de Empleo, y en la que han profundizado en su sentencia los magistrados de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, afecta a las irregularidades que se produjeron durante la huelga que promovieron los sindicatos en las plantas a liquidar: Fuenlabrada (Madrid), Palma de Mallorca, Alicante y Oviedo (Asturias).

Los jueces consideran probado que la compañía empleó practicas de «esquirolaje» para que las protestas fracasaran, fundamentalmente en Madrid y Mallorca. Para ello no dudó incluso en modificar rutas de distribución. La conclusión es que la empresa «desactivó» así «de forma ilícita» el derecho a la huelga que amparaba a su plantilla.

Y esto ocurrió tras un ambiente de «confusión» previo, pues otra de las causas de nulidad que estima el tribunal es que Coca-Cola Iberian Partners, aunque sí conforma un grupo de empresas laboral, «nunca se ha constituido formalmente como empresario». Ni antes de presentar el ERE ni después, insisten los magistrados, que le reprochan también que «no hubiera informado ni negociado ese cambio» (antes cada distribuidora regional era autónoma e independiente) con los representantes de los trabajadores, cuando de hecho estos seguían teniendo sus contratos con cada sociedad sin que tuvieran constancia formal de que ahora operaban en conjunto.

Ocultar información

«Se ha producido, por tanto, un completo y manifiesto incumplimiento de las obligaciones de información, consulta y negociación», señala el fallo conocido ayer, donde los jueces van un paso más lejos en su reconvención a los responsables del distribuidor de Coca-Cola. Y es que la Audiencia considera que actitudes como las apuntadas «no pueden considerarse en modo alguno conformes con una mínima exigencia de buena fe negocial».

Por último, el tribunal censura el comportamiento del grupo por haber ocultado información del ERE a los comités de empresa y a los negociadores. Se refiere, en concreto, a los detalles de su plan de reestructuración como, por ejemplo, la forma en qué se iba a redistribuir la carga de trabajo entre las plantas que seguirían abiertas y las distintas líneas que quedarían operativas. Sin estos datos «relevantes», advierte, no fue posible buscar alternativas para «evitar o reducir los despidos».

Aunque los sindicatos pedirán la ejecución provisional del fallo, el recurso de Coca-Cola ante el Supremo -cuya resolución puede demorarse un año- lo paralizará y mantendrá en el aire el futuro de los 821 despedidos, así como de las cuatro plantas cerradas. El próximo día 24, no obstante, habrá un nuevo juicio por la segunda parte de medidas incluidas en el controvertido ERE.