Seguridad extrema para el 19 de junio

Iba a ser un operativo de seguridad de una envergadura pocas veces vista, pero la decisión de los futuros Reyes de recorrer algunas de las principales arterias de Madrid ha convertido el despliegue policial del día de la proclamación en el mayor de, al menos, la última década. Solo será comparable al del 22 de mayo de 2004 durante su boda, apenas dos meses después de los atentados del 11M.

En esta ocasión, aseguran responsables de Interior, no hay una amenaza concreta o extraordinaria como sí ocurrió hace una década, pero el departamento que dirige Jorge Fernández Díaz no quiere dejar la más mínima rendija. El despliegue policial, que aún no está cerrado, numéricamente será ligeramente superior al de la boda real. Los planes del número dos de Interior, Francisco Martínez, que será quien coordine el dispositivo, pasan por tener en las calles de Madrid a casi 5.000 agentes, entre miembros de la Guardia Civil, Policía Municipal y, sobre todo, Policía Nacional. Este último cuerpo aportará aproximadamente el 75% del despliegue.

El grueso de la presencia policial visible, es decir el blindaje del Congreso, los tres kilómetros que correrá la comitiva real desde las Cortes hasta el Palacio Real y su saludo a los ciudadanos en la Plaza de Oriente, estará a cargo de las Unidades de Intervención de la Policía (UIP, antidisturbios). La Dirección General de la Policía, que ha instado a la Zarzuela a que el recorrido por Madrid de don Felipe y doña Letizia se haga en coche cubierto, va a movilizar a 1.900 de estos agentes, la práctica totalidad de la plantilla del cuerpo. De hecho, de los 38 grupos de UIP que participarán en la operación, 21 son de fuera de Madrid. A estos agentes se sumarán policías de los servicios antiterroristas, caballería, guías caninos, subsuelo, tédax y efectivos de la unidad de helicópteros y de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana. Otros centenares de guardias civiles y efectivos de la Guardia Real se encargarán de la seguridad de los Reyes en su desplazamiento previo de unos 20 kilómetros desde la Zarzuela hasta el Congreso para la ceremonia de proclamación.

Ayer mismo, Martínez cursó una instrucción dirigida a las Direcciones Generales de la Policía y de la Guardia Civil y a los delegados del Gobierno con las directrices de este despliegue. Como una de las primeras medidas, el secretario de Estado ordenó elevar de dos a tres en una escala de cuatro el nivel de alerta antiterrorista. Este cambio, que no responde a ninguna amenaza tangible, según aclaró Interior, posibilitará al Gobierno la movilización de las unidades de reserva de las fuerzas de seguridad en labores de vigilancia de los lugares de afluencia masiva de personas y en la protección de infraestructuras críticas, incluida la posibilidad de restringir el acceso a estas instalaciones. El temor de los servicios de información, más que un asalto físico a un centro sensible durante la proclamación, es un ataque cibernético a los sistemas de infraestructuras básicas, por lo que especialmente se han ordenado reforzar esos servicios y, en particular, se ha pedido la colaboración de Centro Nacional de Inteligencia.

Redes sociales

La directiva difundida ayer por el Secretario de Estado de Seguridad establece, además de «dispositivos especiales para la protección del Congreso de los Diputados, Palacio Real, y de los itinerarios de desplazamiento de la comitiva real», controles de acceso a la Comunidad de Madrid y en las provincias limítrofes.

Como ya ocurriera durante la boda real, el Gobierno también ha ordenar restringir los movimientos aéreos sobre Madrid durante los actos de proclamación, una medida coordinada con el Ejército del Aire, que no obstante, no debería afectar demasiado al tráfico comercial de aviones.

Desde hace días, además efectivos de la Comisaría General de Información rastrean las redes sociales para detectar posibles actos de grupos antisistema el día de la proclamación. Por el momento, esa jornada hay convocadas dos manifestaciones en el centro de Madrid, que probablemente no cuenten con la autorización de la Delegación del Gobierno. Una primera de la 'Marea Verde' por la enseñanza pública y una segunda de la Coordinadora Republicana de Madrid.