La plantilla de Pascual inicia una campaña para que el SAS cumpla con las listas de espera
Los trabajadores de las clínicas gaditanas informarán y pondrán un gabinete jurídico a disposición de los pacientes para que reclamen sus derechos
CÁDIZ. Actualizado: GuardarLos trabajadores de las clínicas Pascual concertadas por la Junta de Andalucía en Cádiz iniciarán una campaña para exigir al SAS que cumpla con los plazos establecidos para las listas de espera. Según denunciaron ayer los representantes de la plantilla, la Junta no está cumpliendo con los plazos legales y, como consecuencia, está reduciendo de forma radical el número de consultas que llegan a los centros concertados de la provincia (Hospitales de San Rafael, Santa María del Puerto, Hospital Virgen de las Montañas y Virgen del Camino).
Por esta razón, pondrán a disposición de los pacientes un gabinete jurídico de acceso gratuito que se encargará de reclamar a la administración el derecho de los usuarios a recibir una consulta con el especialista en 60 días, una prueba diagnóstica antes de 30 días o una intervención quirúrgica en cuatro meses.
Según denunciaron los trabajadores de Pascual, «la Junta está mintiendo al decir que se están cumpliendo los plazos y utiliza trucos informáticos para no incluir a los pacientes en las listas, afirmando que estas están cerradas, y por tanto, dicho paciente queda en un limbo informático».
Los pacientes que quieran acogerse a este servicio gratuito tan solo tendrán que rellenar un formulario con sus datos, y desde los sindicatos se encargarán de trasladar cada caso a la Delegación de Salud para pedir su inclusión inmediata en la lista correspondiente.
Los portavoces de los diferentes comités de empresa denunciaron que desde hace meses el SAS no manda pacientes a las clínicas Pascual, por lo que la empresa ha tenido que ejecutar hasta el momento más de 250 despidos en toda la provincia. Además, aseguraron que el SAS ha dejado de abonar el concierto a la empresa y manifestaron su preocupación porque en los próximos meses podrían dejar de cobrar sus nóminas ante la falta de liquidez en las arcas de la empresa.