Los inspectores de Hacienda defienden elevar el delito fiscal a los 600.000 euros

En vísperas de que el Gobierno apruebe la reforma fiscal la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda (IHE) apostó ayer por quintuplicar la cantidad mínima defraudada para ser tipificada como delito fiscal a cambio de unas mayores sanciones y el ingreso en prisión ineludible para el condenado. Es decir, el delito pasaría de requerir un fraude de 120.000 euros a los 600.000, según consta en el documento 'Reforma fiscal española y agujeros negros del fraude'. Eso sí, se consideraría la suma defraudada de cada año y no de manera individual como ahora.

Según explicó el presidente de IHE, Ransés Pérez Boga, la medida no busca facilitar la evasión fiscal sino agilizar las resoluciones. «Hay miles de expedientes que saturan los juzgados incrementando los tiempos de tramitación de los expedientes de forma que cuando se produce la sentencia las posibilidades de cobro son nulas», explicó Ransés. Además, los inspectores explicaron que la mayoría de los delitos de fraude se benefician de multas mínimas inferiores a las que recibirían por la vía administrativa por los atenuantes penales que reducen considerablemente la pena en caso de devolución de lo defraudado.

Eso sí, a cambio de este aumento del umbral del delito, los inspectores proponen castigos más severos que incluyan el ingreso en prisión para quienes defrauden más de 600.000 euros incluso en el caso de que se devuelva la cantidad eludida o no se tengan antecedentes penales. T ambién abogaron por aumentar el plazo de prescripción de estos delitos de 5 a 6 años.

'Caso Nóos'

Sin embargo, desde Gestha rechazaron esta medida y recordaron que afectaría a causas que han alarmado a los ciudadanos como el 'caso Nóos'. De hecho, destacaron que la mayoría de las denuncias por delito fiscal están alrededor de los 150.000 euros, por lo que de llevarse a cabo esta propuesta quedarían fuera del ámbito penal el grueso de las denuncias. Es más, los técnicos de Hacienda propusieron rebajar a 50.000 euros anuales el delito fiscal para equipararlo a la cantidad que se considera delito contra la Seguridad Social o la Hacienda europea. «En un momento en que la sociedad exige más responsabilidad de las compañías y los responsables públicos esta medida parece que va en sentido contrario», asegura el secretario general de Gestha, José María Mollinero.

Además, desmintieron que los juzgados estén colapsados por el gran número de denuncias por delitos fiscales, ya que, según la Memoria de la Agencia Tributaria en 2012 se produjeron 652 denuncias por este motivo por un importe de 604 millones defraudados.

Más allá de la medida de esta polémica medida, los inspectores ponen en el foco en los paraísos fiscales. En este sentido proponen obligar a los bancos a identificar a los clientes en estos países, no reconocer personalidad jurídica a empresas que operan desde estos lugares o el pago a confidentes. En cuanto al control del gasto público plantean potenciar y dotar de más recursos al Tribunal de Cuentas y garantizar la independencia de la Autoridad Fiscal. También son partidarios de reformar la ley de partidos para prohibir su financiación pública. En lo que se refiere a los impuestos, se muestran partidarios de eliminar el régimen de módulos del IRPF por sus «efectos perniciosos» y para mejorar la organización de la Agencia Tributaria defienden que el Estado recupere la gestión de algunos impuestos como el de Donaciones y Sucesiones.