El Parlamento aprueba por unanimidad la Ley de Transparencia Pública de Andalucía

La Ley de Transparencia Pública de Andalucía, la primera de las grandes leyes del Gobierno de Susana Díaz y su principal apuesta política, fue aprobada ayer por unanimidad de todos los grupos parlamentarios de la Cámara andaluza. Incluso la respaldó el Partido Popular, tras unas negociaciones que se prolongaron hasta casi la hora de inicio del pleno.

El acuerdo fue posible después de que el Ejecutivo andaluz aceptara incorporar las posiciones populares sobre buen gobierno a la futura ley de estatuto de altos cargos y de que se aceptaran varias enmiendas, aunque el portavoz, Jaime Raynaud, se quejó de que sólo se han incorporado ocho de las 92 presentadas. No obstante, en el ánimo del presidente regional del PP-A, Juanma Moreno Bonilla, estaba ya de antemano dar el sí a un proyecto al que difícilmente podían oponerse.

El principal caballo de batalla era la inclusión de las normas de buen gobierno en el texto legal, pero la portavoz socialista, Verónica Pérez, argumentó que se va a desarrollar una ley específica para dar «entidad propia» a éstas y demostrar que «el Gobierno andaluz se compromete con la ejemplaridad».

La Ley de Transparencia Pública de Andalucía fue lanzada por Susana Díaz cuando era consejera de Presidencia, en un debate con participación de numerosos expertos y colectivos que recorrió las ocho provincias andaluzas con su implicación directa. Ya como presidenta, la retomó y fue presentada a la Cámara el pasado 26 de marzo.

Veinte días para responder

A partir de ahora, se garantiza el acceso a los ciudadanos al conocimiento de la actuación de la administración autonómica y de las entidades privadas que gestionan fondos públicos o se financian a través de ellos, como es el caso de la Iglesia católica. La Ley de Transparencia es la primera que se aprueba de las 28 medidas que forman parte del pacto de Gobierno suscrito entre PSOE e IU.

La Administración tendrá un plazo de 20 días para responder a las peticiones de información, periodo que es de un mes en la ley nacional, y se establece un régimen sancionador para quienes la incumplan, con multas de hasta 400.000 euros. La Ley del Gobierno de la nación no incluye sanciones, destacó el consejero.

Se crea también un Portal de la Transparencia, donde dirigir peticiones y responder a las mismas, y un Consejo de la Transparencia y Protección de Datos, de extracción parlamentaria, respecto al cual el PP-A ha mantenido sus reservas y ha reclamado que su presidente sea elegido por mayoría cualificada y sea una persona de reconocido prestigio.

El consejero de Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, anunció ante el pleno que ya está en marcha la elaboración del desarrollo reglamentario de esta ley y que le seguirá una batería legislativa, con la ley del Estatuto de Altos Cargos y la regulación «rigurosa» de las incompatibilidades, para completar un conjunto de medidas, junto a la publicación de la renta de los consejeros y sus cónyuges o del orden del día de los consejos de gobierno, ya en marcha, que van a situar a Andalucía como «referente de un nuevo modelo de gobernanza basado en más transparencia, más participación, colaboración con los ciudadanos y la rendición de cuentas». Incluso el consejero llegó a calificar esta norma como la «ley más importante de la legislatura, que equipara a Andalucía con «las democracias más avanzadas y consolidadas». Además, fió a la nueva norma la recuperación de la confianza en la política, porque «la desafección se combate con transparencia».

Pese al buen clima del debate y de la insólita unanimidad, «hoy puede ser un gran día», parafraseó a Serrat la socialista Verónica Pérez; el portavoz del PP-A, Jaime Raynaud en sustitución de Rafael Salas, que era intervenido quirúrgicamente ayer mismo, no dejó de referirse a la cadena de irregularidades de la Junta.

Tras asegurar que «no nos oponemos a una norma clonada de la del Gobierno de Rajoy, la primera ley de transparencia de la democracia», reclamó conocer datos como la relacion de puestos de trabajo, retibuciones de altos cargos, encomiendas de gestión, los presupuestos provincializados o las actas de los 'consejillos' que, a su juicio, hubiera evitado los escándalos de los ERE, fondos de formación, Faffe o avales de Invercaria. Pese a todo, Raynaud anunció que «votaremos que sí porque creemos en la transparencia».

Por su parte el portavoz de IU, José Antonio Castro, dijo que la ley «hará saltar las alarmas y la liebre cada vez que alguien tenga la tentación de meter la mano» y celebró las aportaciones incorporadas por las enmiendas, que aseguró que han mejorado el texto original aunque reclamó que continúen adelante otras reformas pendientes.