Gobierno y Zarzuela frenaron las reformas de la abdicación para evitar especulaciones

No son pocas las voces que apuntan a que hay improvisación legislativa en el proceso de abdicación de don Juan Carlos. El Rey anunció el 2 de junio su marcha sin que existiera una ley que regulara la posibilidad de abandonar el trono, sin una normativa que fije el estatus y la situación de los ex jefes del Estado y sus consortes y, sobre todo, sin una legislación que establezca algún tipo de blindaje jurídico al monarca saliente una vez que pierda su inviolabilidad, como pudiera ser su aforamiento ante el Tribunal Supremo.

Parecería, en principio, que nadie, ni en la Zarzuela ni en la Moncloa, se molestó en resolver esos trascendentales detalles cuando don Juan Carlos el 31 de marzo comunicó al presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, su decisión de dar el relevo a su hijo. Sin embargo, explican fuentes conocedoras de este proceso, no fue así. Es más, todo lo contrario. Durante semanas un muy reducido grupo de expertos juristas de la Casa Real y de la Vicepresidencia del Gobierno -al Ministerio de Justicia no se avisó de la inminente abdicación de don Juan Carlos- trataron, sin éxito, lo que alguno de estos técnicos ha calificado como «conseguir la cuadratura del círculo».

O lo que es lo mismo, lograr tener aprobados, o en trámite muy avanzado, los cuerpos legales para la abdicación, el aforamiento y el nuevo estatus de don Juan Carlos y doña Sofía. Todo ello sin «sin levantar la liebre» de la abdicación y antes de junio. Al final, admiten, los técnicos, apenados por las críticas de «chapuza», no lograron encontrar la solución al dilema a pesar de las «jornadas de intenso trabajo».

El dictamen fue unánime: todos coincidieron que el trabajo legislativo había que haberlo hecho años antes. En solo dos meses era imposible jurídicamente. No valían atajos, leyes o reales decretos que pudieran aprobarse de forma exprés. El artículo 57.5 de la Constitución lo dejaba claro: «Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una ley orgánica». Además, cualquier cambio legislativo urgente y sin explicación provocaría alarma y desataría las especulaciones.

Mal menor

Se optó, tras un largo debate, por el mal menor y posponer las reformas legales ligadas a la abdicación para evitar filtraciones, a pesar de ser conscientes de que ese vacío normativo iba a provocar algunos problemas, en particular por la imposibilidad de aforar a don Juan Carlos a contrarreloj.

Los juristas de la Zarzuela y la Moncloa no vieron mayor inconveniente para aprobar en cuestión de días una ley de abdicación 'ex profeso' para el jefe del Estado, como va a ocurrir, más allá de que en ese proceso, como parece también que va a pasar, se produzca un debate sobre la conveniencia o no de la Monarquía, una discusión que todos los gobiernos de la democracia han evitado. Tampoco vieron mayor problema en posponer la redacción de un estatuto para los reyes salientes, ya que no es urgente e, incluso, probablemente no requiera ni de aprobación parlamentaria.

Harina de otro costal era el tema del aforamiento del Rey cuando abandonara el trono. Los expertos de la Casa Real y Vicepresidencia, que desde el principio tuvieron claro que era imposible cambiar este asunto a golpe de decreto, valoraron incluso la posibilidad de incluir a última hora el blindaje del rey saliente en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuyo anteproyecto, en el que se iba a acordar el aforamiento de los Príncipes y la Reina, iba a aprobar el Consejo de Ministros tan solo cuatro días después de que el Rey comunicase a Rajoy su decisión de abdicar.

Sin embargo, también se desechó esa idea porque esa reforma, muy compleja, va a tardar más de un año en ser aprobada, un tiempo «excesivo» para tener a don Juan Carlos sin ningún tipo de blindaje.

Se llegó al acuerdo de que la única solución para aforar cuanto antes al Rey pasaba por un proyecto de ley orgánica, cuya tramitación comenzará en cuanto el Monarca dejara de serlo, aunque ello implicara que don Juan Carlos quedará al albur de todo tipo de demandas. «Era imposible otra solución. No fue una chapuza. Era una ratonera sin salida. Lo intentamos todo», apuntan los juristas.