La Fiscalía pide a Alaya que investigue una ayuda de 22 millones a Altadis

La Fiscalía Anticorrupción reclamó ayer a la juez que instruye el caso de los ERE, Mercedes Alaya, que incorpore a la causa nuevas diligencias referidas a la concesión irregular de una ayuda pública de 22 millones de euros a la empresa Altadis y que ha sido puesta bajo sospecha en los últimos informes policiales y de la Intervención general remitidos a la instructora.

El Ministerio Público pide que declaren el ex secretario general de UGT Andalucía Francisco Fernández Sevilla y varios excargos de la Junta al entender que la empresa recibió realmente una ayuda discrecional encubierta bajo la forma de una regulación de plantilla. Entienden los fiscales que Fernández y otros dirigentes sindicales, tanto de UGT como de CC OO, son responsables civiles subsidiarios al haber mediado en la tramitación del expediente.

Los fiscales resaltan que el informe pericial de la Intervención del Estado concluye que la ayuda a la tabaquera concedida en el año 2005 «pudo constituir una subvención directa a la empresa y no a los trabajadores».

En su escrito, enviado ayer a la juez, Anticorrupción vuelve a dejar patente su voluntad de separar la causa en función de las distintas ayudas, y reclama además a la juez que, para evitar «dilaciones innecesarias» y avanzar en la instrucción, vaya imputando ya a todas las personas señaladas en los últimos informes incorporados a la causa. También reclama «medidas cautelares de naturaleza real» que aseguren el mayor retorno posible de fondos públicos, y que a fin de llevar a buen puerto el final de la instrucción se refuerce el juzgado al ser consciente el ministerio público de los «imitados recursos humanos y materiales» con que cuenta Alaya.