El Gobierno prepara el blindaje del Rey al perder la inviolabilidad tras su abdicación

El Gobierno trabaja a toda prisa para tener lista una ley que regule el nuevo estatuto de la Familia Real tras el anuncio de la abdicación de don Juan Carlos. La urgencia del Ejecutivo no atiende solo a la figura que tendrán los Reyes salientes a partir del 18 de junio, fecha posible para la proclamación de don Felipe en el Congreso, sino a una cuestión más profunda y que causa cierto temor entre los letrados del Estado: la pérdida de la inviolabilidad del Monarca ante los tribunales y la necesidad de dotarlo cuanto antes de un fuero especial.

La abdicación supone que el Rey pasará de estar exento de responsabilidad jurídica, según el artículo 56.3 de la Constitución, a quedar sujeto a los tribunales ordinarios en relación con cualquier conducta que realice desde esa fecha. La razón es que, a día de hoy, ni la Ley Orgánica del Poder Judicial ni el futuro proyecto aprobado el 4 de abril por el Gobierno, que en la actualidad se encuentra en fase de informes por parte de los órganos consultivos, mencionan el blindaje que recibirá don Juan Carlos tras su renuncia. De ahí que el Monarca pase a convertirse en ciudadano Borbón para los tribunales a partir de la proclamación de su hijo.

Esta condición jurídica preocupa al Ejecutivo, ya que abre la puerta a que se presenten en los juzgados ordinarios una cascada de demandas civiles o querellas criminales contra el Rey por sus actos pasados y futuros, tanto en la esfera pública como en la privada.

Sin ir más lejos, una asociación denominada Soberanía de la Democracia presentó anteayer una ampliación de su querella en la Audiencia Nacional a raíz de la publicación del libro de la periodista Pilar Urbano sobre la «trama civil» del 23-F. La denuncia iba dirigida contra el expresidente Felipe González y «otros presuntos cómplices de la lista del general Alfonso Armada», y ahora también la amplían contra «el ya exRey como personaje principal o máximo jefe de la trama».

Doble interpretación

En este supuesto se piden responsabilidades penales a don Juan Carlos por hechos ocurridos durante sus 39 años de reinado. Sin embargo, según coinciden los expertos de Derecho Constitucional consultados, los actos realizadas por el jefe del Estado en ese periodo no estarían sujetos a responsabilidad jurídica pese a la pérdida de la inviolabilidad causada por su abdicación, según una interpretación amplia del 56.3 de la Carta Magna. No obstante, otras versiones más estrechas de ese artículo defienden que tras la renuncia a la Corona no habría «impedimento procesal» para demandar o procesar al Rey por la vía civil o penal tanto por asuntos futuros como pasados.

Más allá de esta doble interpretación jurídica de la norma, el Ejecutivo no quiere asumir el riesgo de que un juzgado ordinario admita una demanda contra el ciudadano Borbón. Por ello ya ha encargado a los letrados del Estado la reforma del estatuto de la Familia Real, para que entre en vigor cuanto antes y cubra «los días o semanas» de vacío legal que tendrá el Monarca tras su abdicación.

El punto fuerte de la ley será la regulación del aforamiento del Rey ante el Tribunal Supremo, tal y como recoge el anteproyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial tanto para la Reina como para los Príncipes de Asturias. Aunque también se estudia algún mecanismo de inmunidad por el que no pudiese ser imputado sin autorización de las Cortes.

Ayer, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, adelantó que el proceso de sucesión acaba de comenzar y el Congreso y el Senado tienen que aprobar la ley orgánica que hace efectiva esta renuncia y estos pasos llevarán «unos días». Desde Vidago (Portugal), donde se celebró una cumbre entre ambos países, Rajoy añadió que también «se aprobará con el contenido y en la fecha que se les explicará en su momento el estatuto o la norma que regule la figura del Rey que ha abdicado».

Real decreto

Aunque el presidente no concretó nada más, el Ejecutivo ya trabaja en un real decreto que regula el tratamiento de los Reyes salientes. Éste será aprobado por el Consejo de Ministros tras la proclamación de don Felipe y será remitido al pleno del Congreso para su aprobación e inmediata entrada en vigor. La otra posibilidad es que el cambio se introduzca mediante una proposición de ley del Grupo del PP y que sea aprobada con la máxima urgencia, en menos de un mes.

Para el profesor de Derecho Constitucional José Luis García Guerrero, el «problema serio» ahora es el aforamiento del Rey y «lo más conveniente» hubiera sido solucionarlo con la reforma de la abdicación, aprobada anteayer por el Consejo de Ministros. «Podría haber cantado mucho con la renuncia en caliente, pero hubiera sido lo normal en un país civilizado. Hubo una falta de previsión que puede traer problemas serios», señala.

Esta improvisación también se repite sobre el tratamiento y título que recibirá don Juan Carlos tras su abdicación. Zarzuela maneja los dos escenarios que existen en las monarquías europeas. Por un lado, seguir el ejemplo de Holanda, donde la reina Beatriz, después de ceder la corona a su hijo Guillermo-Alejandro en la primavera pasada, dio un paso atrás en su estatus y recuperó su título de princesa con tratamiento de Alteza Real. Y, por otro, emular a los belgas, donde se da la paradoja que cohabitan dos reyes, el saliente Alberto y el entrante Felipe, y tres reinas (Matilde, Paola y Fabiola).

En ambos casos, tanto Beatriz de Holanda como Alberto de Bélgica, inviolables durante sus reinados, perdieron tal privilegio al renunciar al trono. Esta circunstancia le trajo consecuencias inmediatas al monarca belga, que apenas unas semanas después de perder sus privilegios judiciales recibió una demanda de paternidad por parte de Delphine Boël, nacida en 1968 de una supuesta infidelidad.