Una familia okupa logra apoyos y frena su desalojo

Ha conseguido el apoyo de vecinos, entidades sociales y partidos políticos como Izquierda Unida o Podemos. Ayer precisamente acudieron a la vivienda en la que reside Carmen Pinedo (junto a sus dos hijos y un nieto) a la espera de evitar un desalojo que no se produjo, ya que se encuentra por el momento paralizado hasta que se resuelvan diferentes recursos. Lo que se ha superado es el vencimiento para el abandono voluntario de la finca, cuyo plazo expiraba el pasado 30 de mayo.

Carmen Pinedo entró en la casa el pasado mes de diciembre tras enterarse del fallecimiento del inquilino y dar una patada a la puerta. Fue entonces cuando la Empresa de Suelo Pública (Esisa) comenzó las gestiones legales para su desalojo y que se pueda ofrecer a una familia en riesgo de exclusión social.

El presidente de la entidad, Francisco Romero, ha mantenido varias reuniones con la familia y le ha explicado los pasos legales que deben darse. Y es que Pinedo sólo ha realizado uno, el inscribirse en el registro de viviendas de la ciudad, pero no tiene certificado de Exclusión Social, requisito indispensable para que se le designe una nueva vivienda. Ella manifiesta no tener ningún tipo de ayuda económica o recurso para sacar a su familia adelante y asegura estar dispuesta «a hacer lo que sea» para que no la desalojen. No es la primera vez que se encuentra en esta situación porque precisamente el pasado diciembre ya se enfrentó a un desahucio aunque esta vez por impago.

Desde Esisa se destacó lo complejo de la situación por ser un caso de ocupación y como a lo largo de este tiempo se han dado facilidades a las familias en riesgo de exclusión que ocupan pisos sociales para hacer frente a las rentas.