Los querellantes del franquismo buscan imputar a las empresas «esclavistas»

Una vez concluida la visita a España de la juez argentina María Servini, instructora en su país de la causa de los crímenes del franquismo, los querellantes españoles recopilan pruebas contra cerca de 90 empresas públicas y privadas que utilizaron mano de obra de presos políticos de la posguerra.

Los denunciantes agrupados en la Coordinadora de la Querella Argentina del Franquismo (Ceaqua) anunciaron ayer que incluirán en un escrito de acusación la imputación de estas compañías, como persona jurídica, que se beneficiaron del «trabajo esclavo» en los años posteriores a la Guerra Civil hasta la década de los cincuenta.

En el listado que manejan los querellantes están empresas de construcción, metalurgia, mineras, harineras, ferrocarriles, agricultura, maquinaria y organismos públicos como delegaciones del Gobierno, ministerios, hospitales o centros penitenciarios.

Pero, ¿quién debe responder por esos delitos? «En el caso de Alemania las empresas pagaron, pusieron la mitad del fondo de indemnizaciones y la otra la puso el Estado», declaró el coordinador de la memoria histórica y social de Andalucía, Cecilio Gordillo, cuando declaró por videoconferencia en febrero ante la justicia argentina.

Esta nueva línea de investigación ofrece una perspectiva llamativa, ya que la ley de amnistía de 1977, a la que se acoge el Tribunal Supremo para no investigar los crímenes del franquismo en España, no hace ninguna mención a perdonar la responsabilidad penal de estas empresas que se aprovecharon de la mano de obra «esclavista» de los presos políticos de la posguerra.

Siete declaraciones

Además de este asunto, la juez Servini se fue de España con los testimonios de siete querellantes y represaliados del franquismo, que incluirá en el sumario que instruye en su juzgado de Buenos Aires.

Para los impulsores de la causa, la visita de la comitiva judicial fue un «éxito» y un avance «poderoso y arrollador» para el procedimiento. Este hecho unido al interrogatorio del jueves en la Audiencia Nacional de Teresa Álvarez, de 93 años, y de Faustina Romeral, de 90, «fue el punto culminante de la visita, uno de los momentos más importantes», dijo ayer Ana Messuti, una de las abogadas.

No obstante, para los letrados continúa la «cerrazón» de España para no esclarecer los crímenes. «Hay gente que ha mirado tanto para otro lado que han terminado como la niña del exorcista», criticaron.

Los afectados han solicitado por el momento la imputación de más de 20 personas, entre ellas los exministros del régimen franquista Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina, y pedirán nuevas responsabilidades a los autores de la trama de los bebés robados y esperan nuevas exhumaciones y análisis de ADN.

Con todo, los querellantes mostraron su «gran alegría» por el viaje de la juez Servini, aunque lamentaron la falta de colaboración del juzgado de Miranda de Ebro y del cementerio de San Rafael de Málaga, según comentó el abogado argentino Máximo Castex.

Eso sí, el defensor se mostró optimistas gracias a la nueva actitud que han visto en los jueces y fiscales españoles y defendió que su acción es «positiva para el pueblo español y para la humanidad». «Hay una rebelión entre comillas en la Audiencia Nacional a favor de la justicia universal y hay un poderoso movimiento social, que obliga al Gobierno a dar pasos para no ser cómplice aunque no les guste nada a los nostálgicos del franquismo», concluyó el letrado.