Primera condena por los excesos cometidos en las cajas de ahorros

Primera condena, si bien seguramente no única, por los excesos cometidos en las cajas de ahorros. La Audiencia Nacional castigó ayer con penas de entre uno y dos años de prisión a cuatro ex altos cargos de Caixa Penedès, encabezados por el que fuera director general y verdadero 'factótum' de la entidad, Ricard Pagès. Su culpa, haberse autoconcedido un 'pensionazo' de 31,6 millones de euros que empezaron a producir desde 2001.

Los cuatro reconocieron su responsabilidad penal, aunque sólo 'in extremis', para verse beneficiado de una rebaja en el castigo. Para ello fue decisivo también que finalmente devolvieran el dinero que ya habían cobrado (28,6 millones). Esto propició que la acusación particular que ejercen el grupo BMN (Banco Mare Nostrum) -donde terminó integrándose la caja- y la Fundación Pinnae -heredera de Penedès- modificaran su escrito de conclusiones.

El juez central de lo Penal de la Audiencia, José María Vázquez Honrubia, dio por bueno ese arrepentimiento y la rebaja en las penas, pese a que la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado -que representaba los intereses del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)- mantuvieron su petición inicial, con un máximo de tres años y medio para el propio Pagés. De hecho, el Ministerio Público considera que la condena le da la razón cuando asegura que los cuatro exdirectivos cometieron un delito de administración desleal al actuar «a espaldas de los órganos de administración y control de la caja».

De hecho, el propio juez señala en su fallo -leído al final de la vista oral- que la conducta de los acusados fue «maliciosa e insidiosa», hasta el punto de que recurrieron a «una serie de procedimientos engañosos» para obtener sus «fines ilícitos», que llevaron a cabo anteponiendo sus intereses y «en perjuicio de la propia sociedad». Ha considerado, sin embargo, que también concurre una atenuante muy cualificada al «haberse reparado el daño causado", algo que estima «realmente anómalo para estos delitos».

Por ello, ha dejado fuera de la condena el otro delito de apropiación indebida por el que también habían sido juzgados. La Fiscalía, pese a manifestar que no recurrirá el fallo, sí se ha mostrado crítica con el hecho de que no mostraran ese arrepentimiento antes. A su criterio, el hecho de que hayan satisfecho su responsabilidad civil no ha de considerarse algo especialmente meritorio.

Y es que, en poco más de una semana que ha durado el juicio, los cuatro ex directivos han cambiado de tesis de forma radical. Empezaron el pasado día 19 negando ante el tribunal que hubieran cometido irregularidad alguna, al defender como «normal» dicho 'pensionazo', e incluso llegaron a argumentar que no recibirlo hubiera sido «discriminatorio» respecto a las jubilaciones -eso sí, mucho más modestas- que obtenía su plantilla. Y terminaron ayer confirmando lo que ya sugerían en la víspera, es decir, que al final sí reconocían que se habían saltado la ley con su polémica decisión e incluso causaron un perjuicio importante a la caja.

Evitar la cárcel a toda costa

Con ese sorpresivo cambio de actitud de última hora, lograron ser condenados a penas inferiores a dos años y, por tanto, no tendrán que ingresar en prisión ya que la costumbre jurídica establecida es no hacerlo por debajo de ese límite si no se tienen antecedentes penales. No obstante, el juez aún no se ha pronunciado sobre la forma en que se ejecutara la sentencia en lo relativo a la privación de libertad.

De presentarse recursos -algo ya descartado por todas las partes y por eso el juez declaró firme el fallo ayer mismo-, un tribunal superior podría haber llegado a ordenar su encarcelamiento si entendía que concurre alguna circunstancia especial -como la alarma social, por ejemplo-, algo que ya se dio en abril con el llamado 'caso Pallerols'. La Audiencia de Barcelona ordenó entonces el ingreso en prisión de los dos condenados, aunque sus penas eran de 'sólo' siete meses para «frenar ese tipo de conductas» porque lo contrario equivaldría a una «cuasi impunidad» de «políticos y poderosos».

Según el relato de hechos ya probado, por espacio de 10 años (entre 2001 y 2011) el referido Pagès -el único condenado a dos años-, junto a los directivos Manuel Troyano, Santiago José Abella y Joan Caellas -el exresponsable de Recursos Humanos Jaume Jorba, ya fallecido, también participó en la operación- se fueron «autoconcediendo derechos económicos no contemplados en sus contratos». Y lo hicieron, añade, «manteniendo en la penumbra» su actuación, mediante informaciones «fragmentarias e incompletas».

Sin contar la parte de Jorba, los acusados se repartieron así las polémicas pensiones: 11,6 millones de euros para Ricard Pages, ex director general; 5,7 millones para su adjunto y mano derecha, Santiago Abella; otros 6,1 millones para el también ex director general Manuel Troyano y, por último, 4,8 millones para el antiguo directivo Joan Caellas.