Alaya dice que no hay prisa en el caso de los ERE porque los delitos no prescriben

La jueza que instruye el caso de los ERE trató de apaciguar las prisas ante las voces que piden que eleve ya la causa al Tribunal Supremo ante la posibilidad de que prescriban los delitos, sobre todo en el caso de los aforados. En un nuevo auto negó esa posibilidad porque la supuesta malversación que investiga tendría un plazo de prescripción de 15 años, y no de diez, al tratarse de un «subtipo de especial gravedad».

Aunque con anterioridad la jueza Mercedes Alaya ya ha aventurado que el final de la causa está cerca, trata de ser ella la que marque los tiempos de su instrucción. En respuesta a un abogado defensor que defiende la posible prescripción, la juez volvió a insistir en que hay que mantener la unidad de la causa y que todavía quedan algunos aspectos por esclarecer antes de remitir al Tribunal Supremo la parte referida a los altos cargos de la Junta de Andalucía aforados, como los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

En esta ocasión, la jueza responde además a quienes critican que la dilación de la causa podría provocar que ésta quedara en nada, y replica que, según el Código Penal, cuando el delito de malversación adquiere especial gravedad en virtud de las cantidades sustraídas o el daño causado al servicio público, el plazo de prescripción aumenta hasta los 15 años.

Además, la jueza recuerda la extensión del sumario, que supera los 80.000 folios y cuenta con 185 imputados. Reprocha asimismo al letrado que la defensa tilde los autos de preimputación sobre los cargos aforados «sólo surtiera efectos ante los medios de comunicación», ya que todos ellos han sido notificados aunque hayan rechazado de momento personarse en la causa.

El Parlamento desconocía

El último auto de Alaya apunta también que no es indispensable para el final de la instrucción solicitar una ratificación del informe pericial elaborado por la Intervención General del Estado, dado a conocer el miércoles, y en el que se concluye que el Parlamento desconocía con la documentación «críptica y generalista» que manejaba las supuestas irregularidades en la tramitación de las ayudas concedidas a empresas en crisis.

Los peritos concluyen además que el hecho de que se utilizaran de forma inadecuada las transferencias de financiación «no supone una evidencia suficiente» de la existencia de irregularidades a la hora de dar las ayudas.