Condenan a ocho años al exconsejero valenciano Rafael Blasco

El PP de Valencia sumó ayer una nueva muesca en los casos de corrupción. El Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad condenó al exconsejero Rafael Blasco a ocho años de prisión y otros 20 de inhabilitación al considerar probado que durante su etapa al frente del departamento de Cooperación, entre 2007 y 2011, dirigió una trama a través de la cual se desvió a manos particulares 1,6 millones de dinero público destinados a trabajos de suministro de agua potable y canalizaciones en Nicaragua.

El exconsejero ha sido encontrado culpable de un delito continuado de malversación de caudales, en concurso con un delito de tráfico de influencias, otro de prevaricación y un delito de falsedad en documento oficial. A la hora de redactar la sentencia, el tribunal no ahorró calificativos sobre las ilegalidades cometidas, una «completa aberración».

Instantes después de conocer el veredicto Blasco anunció la renuncia a su acta en las Cortes Valencianas, en las que figuraba como diputado del grupo no adscrito a raíz de su expulsión de la bancada popular en junio de 2013. Pero el veterano político no se da por vencido. Anunció que recurrirá ante el Tribunal Supremo un fallo que calificó como «profundamente injusto». A lo largo de los dos años y medio que ha durado la investigación el exconsejero reconoció errores en la gestión de su departamento, pero siempre ha defendido su completa inocencia.

Junto a Blasco fue condenado a idéntica pena el empresario Augusto César Tardoni, al que se considera cooperador del delito de fraude en subvenciones, falsificación y malversación. Además otras siete personas fueron declaradas culpables de formar parte de la trama corrupta. Todas ellas cumplirán penas que oscilan entre los siete y los cuatro años de reclusión. Para el tribunal queda probado que todos los condenados participaron de forma activa en el desvío del dinero, que en lugar de a las obras previstas en Nicaragua se destinó a la compra de inmuebles en Valencia y al pago de unos 400.000 euros a una empresa propiedad de Tauroni.

La sentencia hecha pública ayer corresponde solo a la primera de las tres piezas en las que se divide el denominado 'caso Cooperación'. Según avancen los otros procesos los condenados podrían ver aumentadas sus penas.

De izquierda a derecha

Blasco ha permanecido en la primera línea de la política valenciana desde los inicios de la etapa democrática. A lo largo de su carrera ha sido nombrado siete veces consejero, tanto con el PSOE como con los distintos presidentes del PP que han ocupado la Presidencia de la Generalitat valenciana. Inició su trayectoria durante la dictadura enrolado en el grupo terrorista Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, que asesinó a varios miembros de las fuerzas de seguridad.

Con la llegada de la democracia pasó a engrosar las filas del PSOE. El expresidente socialista Joan Lerma confió en Blasco para dirigir la Consejería de Obras Públicas. Entonces ya se vio envuelto en problemas con la justicia aunque resultó absuelto de los delitos de cohecho y maquinación para alterar el precio de las cosas por la recalificación de unos terrenos. Aunque salió indemne de ese proceso le costó su puesto en el Gobierno de Lerma, tras lo que inició un acercamiento al PP.

Con la llegada al poder de Eduardo Zaplana en 1995, Blasco volvió a subirse al coche oficial del que ya no se apeó bajo los mandatos de sus sucesores: José Luis Olivas y Francisco Camps.

Este último fue el único de los exjefes del Ejecutivo valenciano que se refirió ayer a la condena de su antiguo subordinado. Lo hizo para afirmar que, pese a la condena, aún cree en su presunción de inocencia ya que aún cabe recurrir la sentencia ante el Supremo. Camps también recordó, quizá a modo de disculpa, que él no fue el único presidente autonómico que confió en Blasco para ocupar un puesto de máxima responsabilidad en su gobierno.