Los exdirectivos de Caixa Penedès devuelven el dinero para no ir a prisión

Muy tardío y forzado por la circunstancias. Así valoran desde la Fiscalía Anticorrupción el arrepentimiento mostrado a última hora por los cuatro ex altos cargos de Caixa Penedès juzgados por el 'pensionazo' de 31,6 millones que se concedieron desde 2001. Por eso, sus representantes no están dispuestos a rebajar las penas solicitadas para ellos: hasta tres años y medio de cárcel por sendos delitos de administración fraudulenta y apropiación indebida.

El hecho de que anunciaran ayer, durante la penúltima sesión del juicio, que habían decidido reintegrar los 28,6 millones de euros que ya habían cobrado, tiene como principal objetivo evitar su posible ingreso en prisión ante los elementos de prueba que, a priori, parecen existir en su contra. Para ello sería necesario, bien que resultaran absueltos -algo improbable por lo que se ha visto en la vista oral-, bien que fueran condenados a una pena inferior a dos años, unido al hecho de que ninguno tiene antecedentes penales.

De momento, han logrado que la acusación particular que ejerce el grupo BMN (Banco Mare Nostrum) -donde terminó integrándose Penedès- acepte modificar su escrito de conclusiones provisionales y probablemente sí rebajé en parte las penas que pedía, de un máximo de tres años.

Sin contar la parte correspondiente al exdirector de Recursos Humanos, Jaume Jorga -ya fallecido-, los cuatro acusados se repartieron de esta forma las polémicas pensiones: 11,6 millones de euros para Ricard Pages, ex director general y cabeza visible de la operación; 5,7 millones para su adjunto y mano derecha, Santiago Abella; otros 6,1 millones para el también ex director general Manuel Troyano y, por último, 4,8 millones para el antiguo directivo Joan Caellas.

El juez central de lo Penal de la Audiencia, José MaríaVázquez Honrubia, les recordó ayer que, amén de resarcir a la caja de ahorros -que llegó a ser la tercera más importante de Cataluña- en las cantidades que se determinen en sentencia, tendrían que reconocerse autores de los delitos para ver rebajadas sus penas. Sin embargo, hace poco más de una semana negaron su autoría ante el tribunal, al defender como «normal» dicho 'pensionazo' e incluso argumentar que no recibirlo hubiera sido «discriminatorio» respecto a la plantilla.