Tailandia se resigna al poder militar

Dos días tardó el Ejército tailandés en llamar a las cosas por su nombre. Después de haber decretado la ley marcial el martes, ayer reconoció que ése fue sólo el primer paso de un golpe de Estado en toda regla, el decimosegundo que protagoniza con éxito desde 1932. La asonada se terminó de consumar por la tarde cuando los militares arrestaron a los dirigentes políticos del país, a los que habían convocado a una reunión para buscar una solución a la interminable crisis política del reino asiático -el primer ministro en funciones, que no acudió al encuentro, se halla en un lugar no determinado-, y confirmaron en televisión que no sólo asumen el control de la seguridad sino también el del Gobierno.

«El Ejército necesita tomar el poder para que la situación del país vuelva a la normalidad y se recupere la paz. Y también para iniciar una reforma de la estructura política, económica y social de Tailandia», justificó el general Prayuth Chan Ocha, que anunció a continuación el establecimiento de un toque de queda entre las diez de la noche y las cinco de la mañana -aunque los turistas podrán viajar al aeropuerto durante esas horas-.

El líder del alzamiento también ordenó la dispersión de los dos grupos de manifestantes que pretendían tomar de nuevo las calles para mostrar, respectivamente, su apoyo y su rechazo al Gobierno interino, y exigió el cierre de todas las cadenas de televisión y de radio, con la excepción del Canal 5 que controlan los militares. Desde entonces, los medios de comunicación se han llenado de mensajes propagandísticos del Ejército.

Por eso, ayer las redes sociales se convirtieron en la principal fuente de noticias de los tailandeses y en el canal para mostrar su opinión. Curiosamente, muchos se declararon comprensivos con la decisión tomada por los uniformados. «La crisis no podía continuar. Necesitamos una pausa para poner el país en orden», comentaba una usuaria de Twitter desde la capital, Bangkok. Otros, sin embargo, temen que la asonada termine con la frágil democracia del reino asiático. «Hay que convencer a los militares de que nos merecemos un sistema político más avanzado que el de las armas», respondía un joven.

Con todo, entre los tailandeses domina la resignación que ya anticipaba el miércoles un sondeo publicado por el Bangkok Post: más del 75% de los encuestados apoyaban la declaración de la ley marcial por entender que devolvería la paz al país, y sólo el 11% discrepaba de la medida por entender que la situación política no la justificaba.

Protección a los extranjeros

De momento, Prayuth ha anunciado que protegerá a todos los extranjeros residentes y de visita en Tailandia, y anunció que hoy la Bolsa abrirá de nuevo sus puertas. «Eviten el pánico y continúen con sus quehaceres habituales», pidió. Eso hace pensar que los soldados pretenden provocar el menor daño posible a la ya maltrecha economía del país, que se contrajo un 2,1% en el primer trimestre del año y que, con la decisión de ayer, no parece que vaya a levantar cabeza.

El Consejo Nacional para el Mantenimiento de la Paz y el Orden -nombre adoptado por la junta militar para la ocasión- anunció que Prayuth ejercerá como primer ministro interino hasta que se designe un nuevo jefe de Gobierno. La autoridad militar pretende que el depuesto primer ministro provisional, Niwattumrong Boonsongpaisan, y 17 miembros de su Gabinete se presenten hoy ante la junta.

Aunque la declaración de la ley marcial el miércoles anticipaba el golpe de Estado, la comunidad internacional reaccionó con contundencia contra la suspensión de la Constitución y las libertades en el país. A la cabeza, Estados Unidos. El secretario de Estado, John Kerry, condenó «con firmeza» la toma del poder por los militares, pidió respeto a los derechos humanos y advirtió de consecuencias «negativas» para las relaciones entre dos países aliados y vinculados por un tratado militar. El poderoso Ejército tailandés mantiene relaciones históricas muy estrechas con Washington, que amenaza ahora con «reexaminar» la cooperación militar.

También la Unión Europea y Estados miembros como Reino Unido y Francia reclamaron el inmediato restablecimiento de la democracia. El Gobierno de Mariano Rajoy condenó el golpe y la detención de miembros del Gobierno de Bangkok e instó al «restablecimiento de la legalidad constitucional» en el país asiático. Para el Ejecutivo español, sólo con «elecciones libres, creíbles e inclusivas» podrá superarse la crisis.