Merkel compite con el populismo

La canciller alemana, Angela Merkel, se ha sumado personalmente al debate sobre el llamado 'turismo social' y los abusos que registra el sistema público de ayudas por parte de ciudadanos de otros países de la Unión Europea, al afirmar de manera tajante que «la UE no es una unión social». Su Gobierno no tiene intención de pagar las llamadas ayudas Hartz IV que reciben en el país los parados sin subsidio a los ciudadanos de la UE que «se encuentran en Alemania en busca de trabajo», aseguró Merkel en declaraciones al rotativo Passauer Neuen Presse.

La canciller anuncia también que su Gabinete, una gran coalición de cristianodemócratas y socialdemócratas, luchará «para evitar de la mejor manera posible» irregularidades en la concesión de las asignaciones por hijo, a las que tienen derecho también los ciudadanos comunitarios que trabajan en este país. Merkel ha convertido así el debate sobre los abusos del sistema social alemán en asunto de campaña con vistas a las elecciones europeas.

Esta circunstancia mereció críticas desde las filas de la oposición verde, pero también por parte de miembros del Partido Socialdemócrata (SPD), el socio menor de la canciller en la gran coalición. Simone Peter, presidenta de Los Verdes, acusó a Merkel y su Unión conservadora de «adelantar por la derecha» a las fuerzas euroescépticas con su «campaña populista a costa de los más pobres» en su objetivo de atajar los abusos en el sistema social por parte de algunos inmigrantes. También el vicepresidente del SPD, Ralf Stegner, advirtió de que su formación se opondrá a cualquier intento de la jefa del Ejecutivo de «competir con los populistas de derechas asumiendo parte de su discurso».

Expulsión sin retorno

Entretanto, el Gobierno de Merkel prepara ya para su aprobación -previsiblemente a principios de junio- un proyecto de ley con una serie de medidas destinadas a prevenir y evitar la percepción irregular de ayudas sociales. Se contemplan medidas como la expulsión y prohibición de retornar al país para aquellos ciudadanos que falsifiquen o proporcionen datos insuficientes en sus registros ante instituciones alemanas, así como penas de cárcel y multas también en esos casos. El paquete de novedades contempla además limitar a seis meses el tiempo en el que los ciudadanos de la UE pueden estar en Alemania buscando trabajo y una normativa más severa y estricta para poder acogerse a las distintas ayudas sociales que ofrece el sistema germano.

Las declaraciones de Merkel coinciden con la publicación de nuevas cifras récord de inmigración en Alemania correspondientes a 2013, las más elevadas desde hace 20 años. Un total de 1,226 millones de personas se dieron de alta como residentes en este país el pasado año, aunque el aumento real es de 437.000 personas si se restan aquéllas que a su vez abandonaron el territorio germano en el mismo plazo. La Oficina Federal de Estadística explicó que la mayoría de los que emigraron a Alemania proceden de otros países de la Unión Europea, en su mayoría de Estados del este como Polonia, Bulgaria o Rumanía. Pero se sigue registrando la fuerte llegada de ciudadanos de países en crisis del sur del continente, entre ellos 22.000 españoles más, con un aumento anual del 19%. Más relevante aún resultó la llegada de italianos, con 55.000 más y un incremento del 52%.