El silencio de los altos cargos dificulta a Alaya «determinar» la implicación de los aforados

La jueza que instruye los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, está encontrando gran dificultad en «determinar» la implicación en el fraude de varios de los exconsejeros de la Junta aforados debido sobre todo al silencio de lo altos cargos a los que ha citado esta semana a declarar. Hasta hoy los 13 que han pasado por su despacho desde el lunes se han acogido a su derecho constitucional a no hacerlo. Así ocurrió ayer con el presidente de la Corporación Tecnológica de Andalucía, Joaquín Moya-Angeler; el exviceconsejero de Relaciones Institucionales Juan Carlos Soriano; el exsecretario general de Universidades y ahora secretario técnico de Abengoa, José Domínguez Abascal;? y el exgerente del IFA Francisco Mencía. Otros tres exsecretarios generales citados, Isabel de Haro Aramberri, Pilar Rodríguez López y Ángel Garijo no habían recibido la comunicación.

En el auto del pasado día 13 en el que imputaba a 25 miembros del consejo rector de IFA-IDEA, Alaya explica que una de las finalidades de los interrogatorios a estos es «determinar e individualizar la conducta concreta y el grado de responsabilidad» de algunos de los aforados que fueron «vocales o presidentes del consejo rector» antes de elevar esta parte del sumario al Tribunal Supremo.

Se refiere a los exconsejeros José Antonio Viera, Francisco Vallejo, Carmen Martínez Aguayo y Antonio Ávila, ahora diputados, por lo que debe ser un tribunal superior y no Alaya quien les investigue. La Fiscalía ha apelado a la Audiencia Provincial de Sevilla para que inste a la jueza a dejar ir el caso al alto tribunal. A ello se acogen los imputados para negarse a declarar, ya que consideran que Alaya ya no es competente para hacerlo.

Especial interés tenía la magistrada en las declaraciones de los exsecretarios del IFA Miguel Ángel Serrano y Francisco Mencía, ya que en sus declaraciones como testigos ante la Guardia Civil hace un año se explayaron en contar detalles del funcionamiento de los consejos rectores y de la posible implicación de los aforados mencionados en la toma de decisiones del pago de las ayudas consideradas ilegales por Alaya.

Pero Serrano y Mencía se han negado a declarar ante la jueza y en el caso de Serrano también a ratificar el escrito que recogía lo que dijo ante la Guardia Civil por considerar que está sacado de contexto. La magistrada no preguntó ayer a Mencía si ratificaba su declaración ante la Guardia Civil, lo que algunos letrados interpretan como una estrategia de Alaya para que no lo rechazara.

Interés especial

El exdirectivo había llegado a decir ante los agentes que siempre vio «un interés especial» por favorecer la Sierra Norte de Sevilla. Afirmó que está «totalmente seguro» de que tanto el entonces consejero de Empleo y presidente del IFA José Antonio Viera, como su sustituto Antonio Fernández y el exdirector general de Trabajo Javier Guerrero «tenían relación con los empresarios beneficiados de las ayudas» de tal modo que el conocimiento que tenían de ellas era «mucho más» del conocimiento que él tuvo.

Alaya imputa a los exmiembros de los consejos rectores del IFA-IDEA los delitos de prevaricación, malversación y falsedad en documentos públicos. Las partes personadas no han pedido medidas cautelares para ninguno salvo la Fiscalía que sí ha propuesto fianzas civiles para los exdirectores del IFA. En el caso de Mencía ha solicitado 6,7 millones de euros.